LA HABANA - Las limitaciones que soporta la sociedad civil en la Isla, ya sean por decretos, reformas o “suposiciones personales”, constituyen un ingrediente determinante en la lógica de vida que transcurre, y semeja una carrera con obstáculos.
“El cubano vive de sortear, todos los días, un millón de prohibiciones”, dice Leonid Guzmán, músico aficionado que acaba de cambiar un juego de cuerdas de guitarra por un bono de 10 CUC para recargar el servicio de datos móviles.
Es uno de los pocos habaneros encuestados que tenía noticias sobre que Internet es un derecho inalienable y, por consiguiente, el Decreto-Ley 370 representa otra violación del régimen cubano a los derechos humanos.
“Desconocer que la mitad de las leyes quebrantan la casi totalidad de los derechos humanos, siempre conviene al Gobierno. Este cerco que ahora se cierra, también sobre la vida virtual de los cubanos, deja una tristeza enorme, incluso una sensación de desamparo y náusea”, lamenta Guzmán.
Aprobado por el Consejo de Estado el 17 de diciembre de 2018 ‒y puesto en vigor el pasado 4 de julio‒, el Decreto-Ley 370/2018 asegura tener, entre sus varios objetivos, “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional; contrarrestar las agresiones cibernéticas; salvaguardar los principios de seguridad de las redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”.
Ese principio elemental donde los Derechos Humanos regulan la relación entre el Estado y el individuo y que, por tanto, los Derechos Humanos obligan a los Estados, no es manejado como prerrogativa de la sociedad civil en Cuba, sino como un crédito sobre el cual únicamente el Partido Comunista tiene acceso e interpretación.
“¿Que la Internet es un derecho humano, en serio, y eso cómo es?”, se asombra Leticia de Armas Castellanos, maestra de quinto grado en una escuela primaria y manicure, sin licencia, en sus horas no laborables.
Aun después de leer la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet, de Armas Castellanos confiesa no haber entendido mucho, pues el poco contenido que se imparte, dice, para analizar los Derechos Humanos en el sistema de enseñanza puede abarcarse en la mitad de un turno de clases.
“Si no sabemos, a profundidad, sobre los Derechos Humanos, cuesta entender y creer que exista también un derecho para Internet. Cómo le explico eso a niños de diez años de edad que jamás han escuchado que existe un documento sobre los Derechos del Niño”, se pregunta la maestra.
La Coalición Dinámica por los Derechos y Principios de Internet (Coalición IRP), una red internacional abierta de personas y organizaciones que trabajan para hacer cumplir los derechos humanos en el ambiente online y en todo el espectro de ámbitos de creación de políticas para Internet, es considerada como la plataforma desde donde se iniciaría el camino hacia la inclusión de Internet como Derecho Humano.
El trabajo principal de la Coalición IRP ha sido adaptar los Derechos Humanos existentes al entorno de Internet para crear conciencia, comprensión y una plataforma común para la movilización en torno a los derechos y principios para Internet.
“Debemos partir desde esa realidad donde el pueblo cubano no tiene la más mínima idea de qué son y qué significan los Derechos Humanos”, comenta Pablo Agustín Benavides, militar retirado, bajo un inclemente sol que castiga al parque wifi ubicado en la intersección de las avenidas Infanta y Zanja.
“Esas cosas se las confiamos, para bien o para mal, a Fidel [Castro] y al Partido. No fue práctica del pueblo hablar de temas que, supusimos, quedaron desterrados con el triunfo de la Revolución.Y por otra parte, a quiénes afecta el dichoso Decreto-Ley 370 y la violación al derecho de Internet… porque los viejos como yo solo usamos Internet para comunicarnos con los familiares de afuera, algo que en otros tiempos no se podía hacer”, dice Benavides con cierta ironía.
Al igual que Benavides, otros encuestados, conociendo o no que Internet está incluido como un derecho humano, llegaron a la conclusión de que la implementación del Decreto-Ley 370 y su manifiesta violación a un derecho fundamental, estaría dirigido, en todo caso, a los opositores, a los defensores de Derechos Humanos, y a periodistas independientes.
Tanto la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet como el documento 10 Derechos y Principios de Internet, representan una herramienta creadora de políticas y herramientas para Estados, compañías y grupos de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo de principios basados en derechos para Internet.
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La idea de trasladar los Derechos Humanos a la gobernanza de Internet nace durante la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y fue apoyada ampliamente en la Cumbre de Túnez de 2005.
En su Artículo 5, inciso a) de la Carta, referente a la libertad de protesta en línea, describe que “toda persona tiene derecho a usar Internet para organizarse y participar en protestas online y offline”.
Por su parte, el Artículo 7, inciso a), sobre la participación en la asamblea y asociación en Internet, refiere que “toda persona tiene derecho a formar, unir, reunir o visitar el sitio web o red de un conjunto, grupo o asociación por cualquier razón. El acceso a las asambleas y asociaciones en las TIC no debe ser bloqueado o filtrado”.
En su inciso f), sobre la libertad ante la vigilancia, acota que “todo el mundo tiene la libertad de comunicarse sin la vigilancia o interceptación arbitraria (incluyendo el seguimiento del comportamiento, de perfiles y del acecho cibernético), o la amenaza de vigilancia o interceptación”.
“Sería fenomenal y bonito que todo esto que nos cuentas se llevara a consulta popular, pero no como hicieron con la Constitución, sino una consulta de verdad”, alega Omar Roque Zambrano, uno de los más populares entre los mecánico-chapistas de La Habana, mientras intenta, con sus dos ayudantes, adaptar un motor “diesel” a un Ford ‘55.
“Lo primero, a esta altura de la vida y de cómo está la situación, es determinar a quién le importa que Internet sea un derecho humano y que el Decreto ese sea otra violación a cualquiera de mis derechos”, cuestiona Roque Zambrano.
“La primera violación [al derecho de Internet] es el precio de los datos móviles”, dice uno de los ayudantes, y agrega que su hijo es experto en evadir las censuras y los bloqueos que el régimen cubano impone a los sitios y medios de prensa independientes críticos y opositores al Partido Comunista.
“Siempre tiene aplicaciones [VPN] para entrar a los sitios ʻenemigosʼ y se las instala a todos en el barrio para que se enteran de las noticias de verdad”, relata, orgulloso de su hijo.
“Por cada prohibición el cubano inventa dos escapes, el Gobierno mismo nos obligó a ser expertos en eso. Así que no importa, que violen o que prohíban, ya inventaremos”, añade el otro ayudante.
El documento 10 Derechos y Principios de Internet acentúa que estos derechos son aplicables y exigibles en el mundo virtual con la misma intensidad que en el mundo físico.
“Los Derechos Humanos, tal y como recoge el ordenamiento jurídico internacional al respecto, no son negociables. Por ello resulta vital que los jóvenes conozcamos que el Decreto-Ley 370 se puede confrontar con los diez derechos y principios de Internet”, señala Natacha Domínguez, estudiante de Arquitectura, una de las pocas encuestadas que sabía que Internet está incluido como parte de los Derechos Humanos.
A tono con la reciente entrada en vigor del Decreto 370, uno de los el acápite que urgen en la sociedad cubana es el que se refiere a Expresión y Asociación, donde se explica que “toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente en Internet sin censura ni interferencias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través de Internet, con fines sociales, políticos, culturales o de otro tipo”.
El octavo principio de este documento, sobre la Igualdad, asevera que todo el mundo tendrá acceso universal y abierto a los contenidos de Internet, libre de priorizaciones discriminatorias, filtrado o control de tráfico por razones comerciales, políticas o de otro tipo.
Mientras el décimo principio, referente a Gobierno, acota que los Derechos Humanos y la Justicia Social deben ser la base jurídica y normativa sobre la que operar en Internet. Esto sucederá de manera transparente y multilateral, con un Internet basado en los principios de la participación inclusiva y la rendición de cuentas.
