La abogada Laritza Diversent, de la ONG Cubalex, y el periodista Reynaldo Escobar, del medio independiente 14ymedio, intervinieron este 6 de septiembre en una sesión del Parlamento Europeo para hablar sobre la situación política en Cuba.
Ambos comentaron la publicación del Decreto-Ley 35, que restringe la libertad de expresión en Internet, una medida aprobada a raíz de las protestas del 11 de julio en la isla.
En opinión de Cubalex, "esas facultades (…) favorecen la arbitrariedad y el abuso de poder, y propicina las violaciones de los derechos fundamentales, entre ellos la privacidad de los ciudadanos”, aseguró la abogada.
Diversent mostró “preocupación” por el control sobre el espacio radioelectrónico del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas que permite el Decreto, al imponer la obligación de brindar facilidades técnicas a estos órganos para monitorear el ciberespacio.
El uso de términos vagos en el texto permitiría el uso “discrecional” del Estado para aumentar su control sobre las redes, vehículo del descontento social durante las protestas del 11 de julio, sin el cual no se hubiesen extendido a decenas de localidades de todo el país.
“En nuestra opinión esas facultades (…) favorecen la arbitrariedad y el abuso de poder, y propicina las violaciones de los derechos fundamentales, entre ellos la privacidad de los ciudadanos”, aseguró la abogada.
Las manifestaciones de julio son “un ejemplo del tipo de incidentes que se pretende evitar con el Decreto-Ley 35”. Bajo este cuerpo legal, la transmisión de protestas populares o cualquier incidente de “desorden público” en internet podría ser catalogada de ciberterrorismo o violaciones “a la soberanía nacional”.
Escobar dijo que las manifestaciones habían cambiado el país “de manera definitiva” y aseguró que el Decreto-Ley 35 es una de las acciones represivas del régimen para evitar las manifestaciones de descontento popular.
También dijo que episodios como estos se harían habituales y que la comunidad internacional debe estar al tanto de ellos y de la reacción del gobierno.
Las protestas del 11 de julio levantaron a más de 60 localidades de todo el país y fueron catalogadas por analistas como las más grandes de la era socialista en Cuba.
Hasta el momento, el gobierno cubano reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a perseguidos políticos y reprimidos por el régimen, ya suma en su listado 800 detenidos y desaparecidos.
