La banca cubana cuenta actualmente con una infraestructura "muy por debajo de las necesidades" de la población, reconoció este miércoles la Ministra-Presidenta de esa institución, Irma Margarita Martínez Castrillón, en una comparecencia en el programa televisivo Mesa Redonda.
Durante el programa, que estuvo dedicado a informar sobre las funciones y regulaciones del sistema bancario cubano y la actividad de entidades financieras no bancarias en el país, la funcionaria señaló, además, que se ha seguido desplegando nuevos servicios en las plataformas desarrolladas como Transfermovil y EnZona, y se busca estimular entre los clientes el uso de la Telebanca, Bancamóvil y Multibanca.
Martínez Castrillón explicó que se trabaja por reducir al mínimo los servicios presenciales y se ha tratado de crear un sistema donde haya varias posibilidades para los clientes que se puedan utilizar indistintamente, de acuerdo a sus necesidades o preferencias en un momento determinado.
También explicó que el BCC realiza un trabajo a nivel comunicacional para que los clientes utilicen más las tarjetas magnéticas. La cantidad de operaciones electrónicas que se realizan actualmente no corresponden en proporción a la cantidad de tarjetas que se han emitido (más de cinco millones), aunque reconoció que generalizar esta modalidad de pago lleva un trabajo mancomunado con otras entidades como Comercio Interior.
La Ministra-Presidenta también explicó en TV las características del proceso de "debida diligencia" que se usa para otorgar créditos y precisó los límites a partir de los cuales los bancos cubanos imponen requisitos para el manejo de efectivo y el depósito en las cuentas. Los umbrales en el caso de los CUC tiene como límite los 10 000. En la moneda nacional, o CUP hay un umbral de 30 000 para personas naturales y 50 000 CUP para personas jurídicas
Sobre las medidas que adopta el Banco Central de Cuba ante el uso inadecuado del sistema bancario tanto de personas naturales como jurídicas, Martínez Castrillón mencionó la congelación de cuentas, en el caso de que sea necesario verificar el destino y la procedencia del los activos depositados.