El periodista nicaragüense Sergio León denunció este viernes que fue retenido por oficiales de la Policía Nacional, que asediaron la emisora La Costeñísima que él dirige en el municipio de Bluefields, cabecera de la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) de Nicaragua.
"Estuve retenido por unos minutos, pero ya estoy bien", dijo el periodista, que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se observan dos patrullas con decenas de policías en las afueras de la sede de la radio La Costeñísima, de perfil independiente.
León explicó que la Policía Nacional "volvió a asediar" las instalaciones de la emisora, así como su vivienda, luego que anunciara la transmisión de un programa especial para conmemorar el primer aniversario "de la revolución de abril", como tildó a las protestas que estallaron hace un año.
El Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó en un tuit que "tomó conocimiento de un operativo policial montado esta mañana en Bluefields, frente a radio #LaCosteñísima, con asedio e intimidación al periodista Sergio León, su director".
"Para #CIDH, respetar la libertad de expresión y la labor periodística en #Nicaragua es urgente", agregó.
Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.
Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril del año pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
El periodismo es considerado una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua desde el inicio de la crisis, cuando el comunicador Ángel Gahona murió de un disparo certero mientras cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del crimen fueron condenados por el Poder Judicial a pesar de que los testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia.
En tanto, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, respectivamente, críticos con el Ejecutivo, se encuentran en prisión desde diciembre pasados acusados de promover el terrorismo en el marco de la crisis.
El Estado también mantiene ocupado el edificio donde funcionaban los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche y las revistas digitales Confidencial y Niú, que pertenecen a las empresas Promedia e Invermedia del periodista Carlos Fernando Chamorro, que tuvo que marcharse al exilio a Costa Rica por amenazas.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) denunció recientemente que la libertad de prensa y de expresión es "también presa política" del Gobierno que preside Daniel Ortega, y demandó el cese de otros tipos de censura, como es la retención de materia prima para producción de los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa, y cuyos bienes están en Aduanas desde septiembre pasado.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
