El Gobierno de Nicaragua informó este miércoles que no tiene oídos para escuchar los llamados de la comunidad internacional para que restablezca los derechos humanos y cese el asedio policial.
"No tenemos oídos para palabras que alteren la paz, o que sean reflejo de sentimientos innobles, impropios, no, no hay oídos", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, en una alocución pública.
Esta mañana la Unión Europea informó que consideraba como un "grave revés" para el proceso político de Nicaragua, la detención de opositores que apoyaban a mujeres en huelga de hambre por la liberación de sus hijos.
"No oigo, tengo orejas de pescado", insistió la esposa del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno es señalado de cometer crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis sociopolítica local, según un informe divulgado ayer por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por su parte, el Gobierno de España hizo saber su decisión de convocar al embajador nicaragüense, Carlos Midence, para trasladarle el "malestar" del Gobierno español por impedir "por tercera vez" la visita de un alto cargo español a Nicaragua, desde que inició la crisis sociopolítica de este país.
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Además, la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, fue llamada a consultas a España, y deberá viajar urgentemente a Madrid para informar al ministro Josep Borrell de la situación en Nicaragua y recibir nuevas instrucciones.
Todo lo anterior ocurrió luego de que una comisión de alto nivel de la OEA informó que existe una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua", gobernada por Ortega desde 2007.
"Con la paz no se juega (...), no tenemos oído para improperios, para palabras ácidas, para amarguras, no, aquí estamos llenos de alegría. Damos importancia y valor a la vida, que está hecha para celebrarnos", sostuvo la primera dama nicaragüense.
La tensión de la crisis aumentó en Nicaragua desde el jueves pasado, cuando un grupo de 11 madres inició una huelga de hambre en demanda de la liberación de más de 150 "presos políticos", en el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya (Pacífico).
El Gobierno respondió cortando los suministros de agua y luz de la parroquia donde se encuentran, y con un cerco policial que impide pasar ayuda humanitaria. Adentro también se encuentra el párroco de la iglesia, Edwin Román, quien sufre diabetes crónica y no ha podido tener acceso a sus medicamentos.
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Unas 20 personas que intentaron llevar agua y víveres a las madres de presos políticos, fueron capturadas por la policía, y la Fiscalía ya les instruyó cargos por transporte ilegal de armas de fuego y municiones.
La situación escaló ayer martes, cuando 9 madres se sumaron a la huelga de hambre, en la catedral de Managua, misma que inmediatamente fue cercada por la Policía, mientras las llamadas "turbas sandinistas" entraron para agredir a religiosos y mujeres, sin abandonar el templo hasta que las huelguistas fueron retiradas.
"Nuestro tesoro es la paz, y con la paz no se juega", advirtió Murillo en al menos tres ocasiones.
Nicaragua vive su peor crisis sociopolítica desde los años 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada de Nicaragua en 2018, ha informado de 328 muertos en el marco de la crisis, mientras que organismos locales reportan hasta 651, y el Gobierno, que alega defenderse de un "golpe de Estado fallido", admite 200.
