El Ministerio Público nicaragüense acusó formalmente este lunes a las 20 personas que intentaron llevar agua y comida a un grupo de madres de presos políticos, el viernes pasado, pero fueron capturadas y ahora la acusación que pesa sobre ellos es por transporte ilegal de armas de fuego y municiones.
Las 20 personas, entre las que se encuentran 16 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, fueron alineadas por la policía para ser mostrados a la prensa, en trajes de prisioneros, en un juzgado de Managua donde les fueron instruidos los cargos, informó hoy el sitio digital de noticias Nicaragua Investiga.
El viernes, la policía acordonó la iglesia San Miguel, en Masaya (Pacífico), donde las madres y familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre para pedir la liberación de sus hijos y parientes.
Dentro de la parroquia se encuentra además el párroco, Edwin Román, quien sufre diabetes crónica y no ha podido tener acceso a sus medicamentos. Una cuadrilla de trabajadores cortó el servicio de agua de la iglesia, dejando a las personas sin agua y sin alimentos.
Según el medio digital, los oficiales informaron que a los acusados se les encontró “12 artefactos incendiarios explosivos conocidos como bombas molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con la serie borrada”.
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También, según la policía, les hallaron tres revólveres con 18 unidades de munición, calibre .38 con serie borrada, cuatro armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo.
Además se presentó a Amaya Coopens y Wilfredo Brenes como “delincuentes reincidentes”, procesados anteriormente por casos de terrorismo, secuestro simple, lesiones, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, crimen organizado y fabricación de artefactos explosivos.
Ambos son expresos políticos y los cargos que les imputaron en el pasado, los cuales fueron denunciados como juicios políticos, debían haber quedado borrados de sus expedientes, con base a la Ley de Amnistía promovida y aprobada por el gobierno, detalló el portal digital.
Los familiares de los 16 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco se presentaron esta mañana al juzgado de Managua para poder conocer sobre la situación legal de las personas detenidas, pero fueron empujados y desalojados por la policía, acotó el reporte periodístico.
Dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco se hicieron presentes al lugar y cuestionaron el actuar de la policía. Dijeron que los cargos contra los detenidos era una “criminalización de la solidaridad”, y rechazaron que hayan poseído las armas que dijo la policía que tenían en su poder.
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La acusación por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones fue presentada en el Complejo Judicial de Managua por el fiscal del caso, Julio César Bolaños Meza, en representación de la "seguridad pública de la sociedad nicaragüense".
El caso quedó radicado en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo del juez Julio César Arias Roque.
La sede judicial, donde se vivía este lunes un ambiente de tensión, se encuentra fuertemente resguarda por agentes de la policía, según constató Efe.
La acusación se produce en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, por protestar contra Ortega.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno de Ortega admite 200 y alega defenderse de un intento de "golpe de Estado".
(Con información de Efe)
