El Gobierno español ha comunicado a las empresas españolas con intereses en Cuba que va a rechazar las reclamaciones judiciales que lleguen de Estados Unidos basadas en la ley Helms-Burton.
Los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron el miércoles a 16 compañías afectadas por el conflicto, informó este jueves el diario El País. En virtud de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva esa ley, el Gobierno dará por no recibidas las notificaciones de demandas o citaciones contra compañías españolas, tanto si estas se dirigen directamente a las afectadas o si van a los juzgados españoles o al Ministerio de Justicia.
Hace tiempo que la patronal había pedido al Gobierno ayuda en un conflicto que puede tener un coste millonario para hoteleras, bancos, empresas de viajes y otras compañías asentadas en Cuba. La Administración de Donald Trump decidió el pasado mayo que entrara en vigor una cláusula de la ley Helms-Burton que llevaba en suspenso desde su aprobación en 1996. Según esta, cualquier ciudadano de origen cubano puede reclamar ante la justicia de Estados Unidos propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución castrista de 1959.
Ahora, el Gobierno español ofrece a las empresas una vía que permite la legislación europea en decisiones que se consideren que supongan un menoscabo para su soberanía. Entre las convocadas por la Secretaría de Estado de Comercio estaban Iberostar, Meliá, BBVA, el despacho de Garrigues y la CEOE, según fuentes empresariales.
El Estatuto de Bloqueo de la UE rechaza los efectos de la ley Helms-Burton en cualquier Estado miembro. Se aprobó en 1996, el mismo año de la adopción de la ley de EE UU, para proteger a los operadores de la UE de la aplicación extraterritorial de la legislación de terceros países. Con este reglamento, la UE deja sin reconocimiento la aplicación extraterritorial de una legislación cuyos efectos considera contrarios al derecho internacional. El Gobierno español se basa ahora en ese reglamento nunca antes utilizado para dar una respuesta a sus empresas.
La norma europea protege a los operadores de la UE mediante dos mecanismos: permite anular el efecto de cualquier resolución judicial extranjera basada en la ley Helms-Burton y abre la vía a que las empresas afectadas obtengan reparación judicial por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de esta legislación.
La CEOE ya se había dirigido a la patronal europea, Business Europe, para reclamar el apoyo de la Unión Europea. También había recurrido a los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Industria y Presidencia, así como a la embajada de Estados Unidos en Madrid y las embajadas de España en Washington y La Habana.
El pasado mes de mayo, la entonces alta representante de Política Exterior y Defensa de la UE, Federica Mogherini, dijo que los Veintiocho recurrirían a “todas las medidas adecuadas”, incluido el recurso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el blindaje de sus compañías mediante el Estatuto de Bloqueo de la UE.
La aplicación del título 3 de la ley aprobada en 1996, dijo entonces la jefa de la diplomacia europea, implica una “violación de los compromisos asumidos” entre Estados Unidos y la UE en 1997 y 1998. La legislación estadounidense amenaza especialmente los intereses de empresas españolas, sobre todo hoteleras, con actividad en Cuba.
Poco después de desatarse la crisis con Estados Unidos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, viajó a Cuba. Allí se reunió con representantes de la industria turística española, con importante presencia en el país, y a los que la entrada en vigor de la ley Helms-Burton castigaba especialmente. En Varadero, la ministra visitó cadenas hoteleras españolas con presencia en esa zona. En noviembre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también visitó la isla, donde inauguró un foro empresarial en el hotel Gran Packard, gestionado por la cadena española Iberostar, incluida por EE UU en su lista negra de entidades de la isla.
El gran riesgo que implica el paso dado por el Gobierno de Trump es que desencadene un alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. En su momento, el Gobierno estadounidense estimó que reactivar el título 3 de la ley Helms-Burton abriría la puerta a unos 200.000 casos, según informaba Reuters el pasado mes de abril. Las demandas presentadas, hasta mayo inactivas porque la norma no estaba en vigor, rondaban entonces las 6.000.
La decisión del Gobierno español de no atender las reclamaciones de Estados Unidos contra empresas españolas con intereses en Cuba llega días antes del polémico viaje de los reyes a la isla, del 11 al 14 de noviembre. El Gobierno ya ha mantenido reuniones con responsables de las grandes empresas españolas con intereses en Cuba para preparar este viaje.
La visita de Felipe VI, que se celebrará al día siguiente de las elecciones generales, se debe a la celebración de quinto centenario de la fundación de La Habana y su anuncio fue recibido como una “buena noticia” por los empresarios con intereses en la isla caribeña. “Es la mejor noticia que nos podían dar”, declaró a la agencia Efe Xulio Fontecha, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, hace unas semanas, tras el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores.
