La filial del BBVA en los Estados Unidos ha sido demandada bajo el título III de la ley Helms-Burton por una familia de origen cubano que le acusa de "traficar" con una entidad bancaria que les fue confiscada en Cuba tras el triunfo de la Revolución de 1959, y se integró luego dentro del Banco Nacional de Cuba --informó el diario español Vozpópuli.
Según dicha ley, activada de nuevo por el presidente Trump el pasado mayo tras más de 20 años en suspenso, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución pueden demandar en tribunales norteamericanos a las empresas que se beneficien de esos activos.
La demanda, presentada el pasado 24 de septiembre en un juzgado de Florida, incluye tanto al BBVA como al banco francés Société Générale, al canadiense Bank of Nova Scotia y al Banco Nacional de Canadá. Société Générale ya había sido denunciado en Miami el pasado julio por la misma familia, pero ahora el escrito incluye al resto de entidades financieras mencionadas.
Los demandantes son los sucesores de los propietarios del Banco Nuñez, el segundo banco nacional de Cuba en 1958, valorado en 7,8 millones de dólares. Contaba con 105 millones de dólares en activos, 51,5 millones en préstamos y 9,9 millones en efectivo, según reza el documento, que explica que fue confiscado en 1960 por el Gobierno de Fidel Castro e integrado en el nuevo Banco Nacional de Cuba (BNC).
Los demandantes dicen que tienen derecho al 10,5% del valor del Banco Nacional de Cuba y piden a los bancos los 7,8 millones de dólares que valía su propiedad cuando fue confiscada más un 6% de interés anual
Según detallan los demandantes, "el Banco Nacional de Cuba y el Banco Central de Cuba otorgaron licencias similares a los demandados Scotiabank, Banco Nacional de Canadá y BBVA para establecer líneas de crédito y realizar operaciones bancarias comerciales". De hecho, aseguran que las tres entidades cuentan con oficinas en Cuba y ahora reclaman un porcentaje sobre los beneficios que han obtenido por la explotación de su negocio.
Según explican los demandantes, en el año 2000 el Banco Nacional de Cuba otorgó a BBVA una licencia para "coordinar el otorgamiento de depósitos, créditos, préstamos y otras formas de facilidades de crédito en Cuba". Además, la compañía española cuenta con una oficina en La Habana "para cobrar pagos del Banco Nacional de Cuba relacionados con un 5,4 millones de euros en préstamos".
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Uno de los ejemplos que expone la demanda es que BBVA avaló mediante letras de crédito por valor de 28,5 millones de euros la financiación que emitieron los bancos cubanos en 2013. A su vez, el español, a través de su filial, tenía depósitos en dichas entidades de 139,1 millones de euros.
Argumenta que el BBVA obtuvo beneficios de los servicios que prestó al Banco Nacional de Cuba. Estos son letras de crédito, cambios de divisas y transferencias bancarias, entre otros. "Al hacer negocios con BNC, BBVA está traficando en la propiedad del demandante", señala.
Además, asegura que mandaron avisos a todas las compañías antes de demandarlas. Una vez reciben la notificación, las compañías disponen de treinta días para pagarles una indemnización y detener sus operaciones. Si no lo hacen, la familia tiene la posibilidad de reclamar hasta tres veces más del valor actual de sus propiedades.
"A la fecha de esta demanda, los demandados continúan su tráfico ilegal en la propiedad del demandante mediante la realización de actividades comerciales con BNC", señalan.
En este sentido, solicita una sentencia en contra de los cuatro bancos "por daños monetarios, que incluyen los 7,8 millones de dólares que valía la propiedad cuando fue confiscada más un 6% de interés anual desde la fecha de confiscación hasta julio de 2019".
Con estas condiciones, la cuantía rondaría los 35 millones de dólares, pero denuncian "daños triples", así que la cifra podría multiplicarse por tres, superando los 100 millones.
Ya son más de treinta las empresas demandadas bajo la ley Helms-Burton, normalmente bajo "acciones colectivas" a las que pueden sumarse otras personas con casos similares. Esto se debe a que la ley establece un valor mínimo de la propiedad de 50.000 dólares para interponer una demanda bajo el título III para disuadir acciones que sean infundadas.
