El miércoles 27 de octubre se entregó al senado de Brasil el informe final de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) de la COVID-19. Se necesitaron aproximadamente seis meses de debates públicos que estuvieron marcados por un claro intento de culpar al presidente Jair Bolsonaro por los más de 600 000 brasileños a quienes el coronavirus les truncó la vida.
Es importante entender quiénes son los principales senadores que lideraron la CPI de la pandemia: Renan Calheiros (MDB-Relator de la Comisión); Omar Aziz (PSD-presidente de la Comisión), y Randolfe Rodrigues (Red-vicepresidente de la Comisión).
Renan Calheiros es un senador que ha trabajado durante décadas en la política brasileña, conocido por escándalos de corrupción y sus excelentes relaciones con la Corte Suprema Federal (que nunca ha juzgado los delitos que se le imputan). Fue denunciado, entre otros delitos, por corrupción en el operativo policial Lava Jato, según informa la revista Exame.
Omar Aziz es un senador que fungió como gobernador del Estado de Amazonas, con un historial de casos de corrupción en el sector de la salud pública de su jurisdicción. Su elección como presidente de la Comisión probablemente buscara proteger a los gobernadores que hicieron mal uso del dinero público durante la pandemia. Según la red radial Joven Pan y las denuncia del Ministerio Público, Omar Aziz está siendo investigado desde el 2016 por el operativo de la Policía Federal denominado “Maus Caminhos”, que lo acusa de un desvío de 260 millones de reales.
Randolfe Rodrigues pertenece al ala extrema de la izquierda ideológica dentro de la comisión. Proviene de una familia de padre militante unionista y socialista y fue miembro del partido de extrema izquierda PSOL (el equivalente en Brasil al partido español Podemos). Hoy Rodrigues es senador por el partido socialista REDE y su principal papel en el CPI es articularse con sectores de la prensa brasileña, debido a su excelente relación con ella.
Luego de comprender quiénes son los integrantes de la CPI, se hace necesario entender el funcionamiento de la Comisión misma, la naturaleza de las narrativas, los hechos y las acusaciones.
La CPI, instalada desde el principio en el Senado, se negó a investigar denuncias de corrupción en la compra de respiradores por parte del denominado Consorcio Noreste, que gastó más de 50 millones de reales a través de una empresa estadounidense de marihuana y hasta la fecha no ha recibido dicho equipo médico, sin contar otras denuncias contra gobernadores y alcaldes que quedaron completamente protegidos en las investigaciones.
Las investigaciones del CPI se enfocaron en algunas líneas de acción como criminalizar el apoyo de Bolsonaro al tratamiento temprano y transformar las expresiones de apoyo al presidente como si se tratara de un crimen epidémico y de lesa humanidad.
La politización de estos hechos es tal que se pasa por alto que ciertos medicamentos de “tratamiento temprano” fueron defendidos incluso por gobernadores de la oposición y políticos como Flávio Dino, el Secretario de Salud de João Dória y el gobernador de Alagoas Renan Filho (hijo de Renan Calheiros), el secretario de salud del gobierno de Bahía, entre otros. El senador Marcos Rogério (DEM) denunció este hecho en la propia Comisión. Sin embargo, solo Jair Bolsonaro fue acusado de “charlatanería” por recomendar los mismos medicamentos, mientras que los opositores que apoyaron estas drogas no están siendo procesados.
En cuanto a condenar las manifestaciones multitudinarias que supuestamente contribuyeron a la propagación del virus, observamos un doble patrón en una parte importante de los medios de comunicación. Cuando la manifestación era a favor de Bolsonaro, siempre se les acusaba de haber contribuido a la propagación del virus; cuando era contra del presidente, el virus aparentemente no se transmitía en esas protestas.
El mismo procedimiento se utilizó en Colombia o Estados Unidos. Cuando se trató de una manifestación contra Iván Duque, se minimizó la propagación el virus, o en el caso de los Estados Unidos, no se cuestionaron las protestas de Black Lives Matters. Este patrón se repitió en Brasil.
Los delitos considerados por la Comisión son variados y estrambóticos. Algunos de ellos son: la “epidemia con resultado de muerte”, la “Infracción de medida preventiva sanitaria”, el “curanderismo”, los “crímenes contra la humanidad”, entre muchos otros.
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Si el delito de “epidemia con resultado de muerte” se aplicara en todos los gobiernos del mundo, no habría presidente del planeta que no fuera a la cárcel. La “infracción de la medida preventiva sanitaria” se produjo porque el presidente dejó de usar máscaras varias veces después de haber tenido la COVID-19, aunque, obviamente, tenía anticuerpos reforzados contra el virus. Recientemente, en un viaje a los Estados Unidos, los oficiales que habían recibido la vacuna terminaron contrayendo el virus nuevamente, mientras que Bolsonaro no, porque ya tenía anticuerpos.
El delito de “charlatanería” se le atribuye al presidente por haber defendido el uso de drogas como la hidroxicloroquina, la ivermectina, entre otros medicamentos que han sido probados en varios países del mundo e incluso por gobernadores y alcaldes de Brasil. La disputa sobre la efectividad de estos fármacos no ha concluido: hay sectores de la comunidad científica que afirman que se comprueba una reducción de hospitalizaciones y muertes, como en el sitio web de metadatos de Ivermectina y metadatos de hidroxicloroquina, mientras que otros afirman que estos medicamentos son ineficaces. Sin embargo, es difícil decir categóricamente si son eficaces o ineficaces, pues la comunidad científica no ha llegado hoy a una conclusión definitiva.
A la acusación de que Bolsonaro no actuó enérgicamente para la compra de vacunas, se contrapone el hecho de que el Ministerio de Salud informa que 270 millones de vacunas han sido aplicadas exclusivamente por el gobierno federal.
La acusación de “crímenes contra la humanidad” es otra enorme exageración. La idea detrás de esta acusación es declarar como culpa exclusiva de Bolsonaro cada muerte por la pandemia, lo cual muestra la falta de sentido común del informe de la CPI.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Hay tres caminos para que el informe de la CPI avance. El primero es enviar el documento al Fiscal General de la Federación, que es una especie de “fiscal y abogado del gobierno” designado por el propio Bolsonaro y que representa a la Fiscalía Pública.
El segundo camino es enviarlo a la Cámara de Diputados que preside Arthur Lira, quien es aliado de Bolsonaro en el Congreso, y necesitaría dos tercios de los votos para prosperar, lo que hace que sea prácticamente imposible llevarla adelante. La tercera forma es la remisión a la Corte Penal Internacional, que generalmente es lenta para juzgar cualquier caso enviado.
El objetivo más concreto del informe es el desgaste del presidente Bolsonaro a nivel interno e internacional. Algunos senadores todavía están empeñados en limitar las redes sociales de Bolsonaro como se hizo con Donald Trump. El resultado de la erosión de la imagen del mandatario brasileño se comprobará en las elecciones presidenciales del 2022.
