San Salvador, 10 sep (ADN CUBA).- Organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra civil en El Salvador exigieron este martes al fiscal general del país acciones más concretas para investigar crímenes de guerra cometidos en el conflicto.
Los denunciantes dijeron que han pasado ya tres años desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, en julio de 2016, la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 tras el fin de la guerra, y que a pesar de que ya no existe esa barrera legal para investigar crímenes de guerra, el fiscal, Raúl Melara, no da pasos firmes para indagar sobre esos hechos.
Los representantes de cerca de 30 organizaciones solicitaron a Melara que les conceda una reunión para "conocer cuáles son las acciones que desde la Fiscalía se están impulsando para romper con la impunidad", señaló a periodistas David Ortiz, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Según Ortiz, con dicho encuentro "buscamos conocer cómo se está aplicando el Protocolo de Investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de la guerra” aprobado por el exfiscal Douglas Meléndez (2016-2019).
Uno de los hechos que deben ser investigados, dijeron, es la llamada Masacre de El Mozote, en la que soldados del ejército asesinaron, en diciembre de 1981, a más de mil campesinos, incluyendo, mujeres, niños y ancianos. Es considerada la peor masacre cometida contra civiles, en América Latina.
Lea también
El Mozote es un pequeño caserío enclavado entre las montañas del departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador. Hasta ahí llegaron los soldados que asesinaron a la mayoría de sus habitantes, y de otras aldeas cercanas, por considerarlos colaboradores de la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El Salvador sufrió una cruenta guerra civil, entre 1980 y 1992, que dejó según estimaciones unos 70,000 muertos y 8,000 desaparecidos.
Por la matanza en El Mozote están siendo procesados 17 militares por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
Para los activistas, el proceso de El Mozote es importante pero aún falta que se investiguen muchos casos y se llegue a la verdad de todos para que se haga justicia.
"No podemos hablar de reconciliación nacional, si no conocemos la verdad y si no hay justicia en estos casos, porque la impunidad de ayer es la impunidad de hoy", expresó a Efe Óscar Pérez, de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo.
Lea también
"Investigar los crímenes de guerra es parte de la resolución que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, y en la que también se le impone la obligación a la Fiscalía de indagar los casos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad", apuntó.
Los portavoces de las víctimas piden al Ministerio Público que "fortalezca" su Unidad de Derechos Humanos, que se amplíe la cantidad de fiscales destinados a esta entidad y que se "consiga la tecnología necesaria para la investigación de los casos".
La anulación de la amnistía permitió, además del juicio en el caso de El Mozote, la reapertura de otros procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero, acribillado en marzo de 1980, y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, en noviembre de 1989.
(Con información de Efe)
