El senador Marco Rubio criticó este miércoles la decisión del fiscal general Merrick Garland de ordenar al FBI y al Departamento de Justicia que investiguen a los padres que se manifiestan en contra de ciertas políticas escolares percibidas como socialistas, equiparándolos con "terroristas domésticos".
El Departamento de Justicia (DOJ) se enfrenta desde hace días a una oleada de reacciones negativas tras su reciente decisión de investigar supuestos actos de violencia contra los consejos escolares alrededor del país.
El fiscal general está bajo escrutinio después de que un grupo de padres revelara que su hija está casada con el cofundador de una empresa de educación financiada por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que supuestamente emplea la teoría racial crítica en su trabajo, según un informe del New York Post.
La respuesta del senador Rubio no se hizo esperar: “Creo que nadie pensaba que, en los Estados Unidos, llegaría el momento en que el fiscal general de los Estados Unidos iba a declarar que los padres son una amenaza. Padres que están quejándose por lo que enseñan en las escuelas y que ahora son caracterizados como terroristas y amenazas criminales. Esto es increíble, es ridículo. Esto hay que controlarlo porque aquí no van a parar”.
Aunque Garland no mencionó explícitamente el terrorismo doméstico, sí notificó al público que estaba trabajando con el FBI para investigar el tema.
"¿Soy lo que parece un terrorista doméstico?", preguntó Asra Nomani, vicepresidenta de Parents Defending Education (PDE), grupo de padres que ha estado investigando a fondo cómo los consejos escolares de todo el país están implementando las llamadas ideas "woke" en sus planes de estudio.
"¡Le deben una disculpa a los padres!", dijo Nomani en un video compartido en sus redes sociales.
La controversia se generó después de que la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) pidiera ayuda al gobierno Biden, y que considerara sus poderes en virtud de la Ley Patriota (Patriot Act), una legislación de seguridad nacional que se aprobó tras los ataques del 11 de septiembre y que incluía entre sus disposiciones ampliar las capacidades de vigilancia de las fuerzas de seguridad, incluso mediante la intervención de teléfonos.
Parents Defending Education, una organización que agrupa a más de 427,000 padres, instó a que DOJ "reconsidere la movilización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra los padres preocupados que están ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda en las reuniones de los consejos escolares de todo el país".
Todo ello ocurre cuando aumentan las tensiones en muchas partes del país, debido a la preocupación de los padres por la introducción en el currículo escolar de temas relacionados con identidad de género, la Teoría Crítica de la Raza o distribución de folletos de Black Lives Matters. Los miembros de la junta escolar aseguran haber recibido insultos y agresiones de los padres.
La coalición se queja de que la junta escolar haya tomado “una pequeña cantidad de incidentes menores para insinuar que los padres que critican y protestan por las decisiones de las juntas escolares están participando o pueden estar participando en ‘terrorismo doméstico y crímenes de odio".
"Los niños de nuestro país merecen una educación de alta calidad. Por favor, no criminalice a los ciudadanos estadounidenses que abogan por ellos", agregó PDE en su carta envíada al fiscal.
