El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dominan un “sistema político altamente centralizado y autoritario”, informó la embajada de Estados Unidos en Managua, en su informe anual sobre derechos humanos.
De acuerdo con el reporte, “el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Ortega, ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral”.
Estados Unidos señaló “graves fallas en las elecciones regionales y nacionales desde 2008”, que habrían favorecido la permanencia en el poder de Ortega, a quien le rinden cuentas de forma directa la Policía y el Ejército, así como un cuerpo armado irregular, que denominó “parapolicías”.
“Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo del Gobierno”, indicó el documento.
Por otra parte, en el país centroamericano existen “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales”.
Libertades bajo acoso
También resaltó que hay “serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal, y una injerencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia”.
Corrupción generalizada, campañas de hostigamiento, intimidación y violencia “hacia enemigos percibidos del régimen”, además de “privación arbitraria de la vida y otras ilegalidades como homicidios por motivos políticos”, también fueron incluidos en el informe.
Asimismo, se refirió a casos de “desaparición” o “tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”, encarcelamientos arbitrarios en prisiones hacinadas, con alimentos y agua contaminada, “infestadas de alimañas”, a veces sin sistemas de ventilación ni acceso a la luz, “denegación de un juicio público justo”, además de liberaciones de reos con la frase “gracias al presidente”.
También mencionó prohibiciones contra la libertad de reunión, asociación pacífica, académica, religión, movimiento, eventos culturales, ayuda humanitaria, protección de refugiados, registro de nacimientos, así como procesos políticos que dificultan a los habitantes postularse a la presidencia.
Un sistema político al servicio de la familia reinante
“El FSLN utilizó recursos estatales para mejorar su ventaja en las últimas elecciones”, refirió. “También utilizó su autoridad para decidir quién podía obtener cédulas nacionales de identidad”.
La lista de señalamientos continuó con “corrupción y falta de transparencia en el Gobierno” de Nicaragua, además de acciones contra activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo la negativa a permitir el ingreso de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las violaciones de derechos humanos han sido uno de los principales reclamos de la comunidad internacional hacia Ortega desde el levantamiento masivo contra su gobierno en 2018, que dejó al menos 328 muertos, según la CIDH.
Pese a los reclamos, Ortega espera ser reelegido una vez más en los comicios de noviembre próximo, cuyo proceso ha despertado dudas en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La última vez que Nicaragua vivió una crisis similar fue entre 1980 y 1990, también con Ortega como presidente.
