Un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, señaló que los cuerpos policiales y militares venezolanos asesinaron a un total de 2853 personas, la mayoría entre 18 y 30 años, en el año 2020.
A pesar de la crisis en el sistema de salud y la pandemia del Covid-19, las muertes registradas por asesinatos ejecutadas por las fuerzas policiales fueron más altas que por las muertes de coronavirus.
“La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes”, detalla el informe.
La organización asegura que este hecho junto a la dificultad de acceder a los derechos de educación y trabajo influye en el aumento de la migración forzada de personas. “En un país que ha perdido el bono demográfico; este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, dice la organización.
Provea indica que el monitoreo de estos crímenes, impunes en su mayoría, permite determinar que los miles de víctimas que deja la violencia institucional “son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista”.
El informe refleja que las autoridades policiales y militares actúan de esta manera, pues tienen la seguridad que las violaciones no van a ser investigadas por los organismos competentes y por ende no serán sancionados. Además, los culpables tienen el apoyo de “gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
Mientras tanto, la oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó denunció torturas a los militares detenidos en los últimos años por el régimen de Nicolás Maduro, a los que la disidencia considera “presos políticos”.
De acuerdo con la ONG local Foro Penal, que defiende a los considerados presos políticos de Venezuela, al menos 123 militares permanecen tras las rejas por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro.
Uno de ellos, de acuerdo con el recuento que hace el Foro Penal, es el coronel del Ejército Johnny Mejías Laya, quien fue detenido el 30 de enero de 2019 sin que hasta ahora se conozcan los detalles de su caso.
Los familiares de este uniformado han denunciado que durante el tiempo que ha permanecido detenido y bajo custodia del Estado ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas.
Venezuela tiene 329 personas presas por motivos políticos, entre los cuales se encuentran dos adolescentes, denunció el 16 de febrero la ONG Foro Penal.
Redactado con información de ADN Cuba y Radio Martí.
