Solo en 2020, año en que se ha pedido a todas las personas permanecer confinadas en sus casas por el Covid-19, en Cuba se han producido derrumbes (con víctimas mortales), tornados, terremotos y otras calamidades. Si se suman los desahucios, las multas y la destrucción de asentamientos considerados ilegales por el gobierno, se tendrá una tormenta perfecta. Pero no la causa del problema principal.
En la capital, municipios como Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Diez Octubre presentan una situación desesperada: decenas de familias viven en edificios en peligro de derrumbe, sin que las autoridades adopten medidas efectivas para evitarlo. El caso de tres niñas fallecidas en enero pasado, tras derrumbarse el balcón de una vivienda, movilizó temporalmente a la opinión pública, pero el problema sigue intacto.
En enero, antes de la pandemia, según datos oficiales, solo se terminó el 6% de las viviendas previstas.
Sin embargo, hablar de planes gubernamentales es casi una broma (este año solo se prevén 41.000 casas nuevas), porque Cuba necesita construir 520.000 y rehabilitar unas 400.000 para satisfacer la demanda, de acuerdo con cifras estatales.
Resulta asombroso que, 67 años después del llamado Programa del Moncada, que mencionaba la vivienda entre los graves problemas del país, aún hay más de 122.000 casas con pisos de tierra y más de 9.000 cuarterías. Lo admitió René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, en la televisión oficial. Tres años antes había 117.000 pisos de tierra, lo que demuestra que el problema sigue creciendo y está lejos de solucionarse.
En el estudio Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado por el Observatorio de Derechos Sociales el pasado mes de junio, se constata que casi la mitad de las viviendas cubanas necesita rehabilitación o reparación (47%). Entre los mayores de 70 años es notable el aumento de las casas "en peligro de derrumbe" (9%) y que "necesitan rehabilitarse o repararse" (58%), lo que muestra nítidamente la dramática situación habitacional de los ancianos en Cuba.
Ahora, frente a las consecuencias de la pandemia, que agrava todos y cada uno de los problemas del país, no se vislumbra la decisión gubernamental que defina un antes y un después. La vivienda (incluyendo la industria de materiales de la construcción) solo puede resolverse —en niveles aceptables— a través de la combinación del esfuerzo público y privado. Una completa liberalización económica no solucionaría la cuestión en su totalidad, pero abriría las puertas a la inversión privada, en un país en el que todo está por hacer. Las políticas públicas solo deberían estar orientadas a regular las normas del mercado y a ayudar a los más desfavorecidos. Será imposible que Cuba solucione estas dificultades sin la apertura general que espera la ciudadanía.