El decreto 546 del 14 de abril de 2020, adopta medidas para sustituir la pena de prisión en establecimientos penitenciarios y carcelarios, por la prisión domiciliaria a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al covid-19; además, adopta otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación.
Debido a demoras con los procesos de cumplimiento del decreto, dos internos de la cárcel La Blanca, ubicada en la ciudad de Manizales, comenzaron una huelga de hambre, por lo que se cosieron la boca como símbolo de protesta.
Este suceso ocurrió en la madrugada del martes 26 de mayo cuando los internos se encontraban en sus celdas; se hizo público a través de unas fotos tomadas y enviadas por los mismos internos, donde se puede apreciar en las fotografías la autolesión y la palabra ‘secuestrado’, para llamar la atención del estado.
La coronel Crarahibel Hidrobo, directora regional del INPEC, sostuvo que "una vez nos enteramos de la situación verificamos su estado de salud y el motivo de la autolesión y verificamos que ambos internos han solicitado al juez ser acogidos en el decreto 546 del 2020. Lo han hecho ya dos veces y en ambas oportunidades el juez no ha considerado que apliquen. En ese punto no tiene injerencia el INPEC, son decisiones judiciales".
La Personería de Manizales informa que cerca de 40 personas de la cárcel La Blanca aplicaban con el decreto, pero que de igual manera, se adelantará el proceso del análisis en los casos de estos internos.
Fernando Arcila Castellanos, personero del municipio de Manizales, se reunió con los internos para conocer los argumentos de dicho suceso. Luego de conocer las razones, el personero les pidió que retiraran los hilos de sus bocas, lo cual los internos se rehusaron en hacerlo.
Asimismo, Arcila sugirió a las directivas del penal aislarlos y brindarles toda la atención médica necesaria.
“Muchos de ellos que ya cumplieron con la mitad de su condena, alegan que ni el decreto presidencial los ha cobijado por la presunta negligencia de las autoridades penales competentes”, comentó la Personería.
