La decisión del Gobierno de Trump de permitir demandas contra entidades extranjeras que hacen uso de propiedades cubanas nacionalizadas puede perjudicar las ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba, según algunos proveedores y fuentes comerciales estadounidenses en La Habana, según informa la agencia Reuters.
Agricultores estadounidenses y empresarios del sector han vendido cerca de 6.000 millones de dólares en aves de corral, soja, maíz y otros productos a Cuba desde 2001, bajo una excepción al embargo comercial de Washington que permite ventas a la isla pagando en efectivo, que ayudan a aliviar la escasez local.
Sin embargo, este mes, Washington permitió que una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996 entrara en vigor, en consonancia con el aumento de la presión política sobre Venezuela y Cuba.
El Título III de la ley de sanciones contra Cuba, suspendida por presidentes anteriores, establece que cualquier persona cuya propiedad haya sido nacionalizada tras la Revolución de 1959, incluso si no era ciudadana estadounidenses en ese momento, puede demandar a cualquier individuo o compañía que se beneficie de sus antiguas propiedades en la isla.
Bajo el sistema actual de importaciones a Cuba, un exportador estadounidense contrata ventas con Alimport, importador estatal cubano, que luego emite una carta de crédito de un banco de un tercer país. Cuando la empresa estadounidense recibe el dinero cubano a través del banco, entrega los alimentos a dicha compañía del país caribeño.
Un banquero occidental, que al igual que otros empresarios y diplomáticos entrevistados pidió el anonimato, dijo que los abogados de instituciones financieras desconfiaban cada vez más de aprobar transacciones en Cuba, incluso si sus clientes no estaban infringiendo las sanciones.
“Los desafíos crecientes de obtener cartas de crédito para exportar alimentos a Cuba son un fuerte indicador de que el Congreso estadounidense debe actuar para proteger el comercio agrícola del título III”, dijo a Reuters, Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola Estados Unidos para Cuba.
Alimport dijo recientemente a algunos exportadores estadounidenses de alimentos a Cuba que los contratos pendientes deberían cumplirse antes del 27 de mayo, sin pedir nuevos envíos, como suele ocurrir. Alimport no proporcionó ninguna explicación para el movimiento.
Entre tanto, las autoridades cubanas no respondieron a una solicitud de comentarios sobre esta historia.
Un diplomático europeo dijo que algunos bancos estaban empezando a pedir ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con Cuba, tras la activación del Título III.
El Banco Nacional de Canadá facilita gran parte del comercio de alimentos de Estados Unidos, según los exportadores estadounidenses, porque no hay relaciones bancarias entre Washington y La Habana debido al embargo comercial.
El banco canadiense está nervioso porque podría ser demandado si los barcos descargan en puertos que se encuentran en propiedades nacionalizadas, según dos fuentes de negocios occidentales que conocen los servicios financieros de la isla.
Carnival Corp ya está recibiendo demandas por atracar en puertos de La Habana y Santiago de Cuba.
“He oído que el Banco Nacional de Canadá quiere asegurarse ahora de que cuando se entreguen los alimentos de Estados Unidos el área del puerto no sea una propiedad nacionalizada, lo cual puede ser un problema para los cubanos”, dijo uno de los empresarios.
Jean-Francois Cadieux, portavoz del Banco Nacional de Canadá, dijo en un correo electrónico que las preocupaciones sobre su cese en la emisión de cartas de crédito eran inexactas.
Cuando se le preguntó si el Banco Nacional de Canadá estaba observando de cerca los puertos, Cadieux solo dijo: “los procesos sólidos se aplican a todas nuestras actividades”.
Según diplomáticos, abogados y hombres de negocios occidentales, el gobierno de Cuba se niega a dar escrituras de tierras anteriores a la expropiación de la mayoría de las propiedades privadas en la década de 1960.
Cuba insiste en que estos hechos son discutibles pues las nacionalizaciones y confiscaciones que tuvieron lugar después de la Revolución de 1959, se llevaron a cabo de acuerdo con leyes internacionales y cubana.
La Habana sostiene que ofreció una compensación a algunos cubanos y pagó a nacionales de todos los demás países, excepto Estados Unidos, que en lugar de negociar aplicó un embargo comercial e intentó derrocar al Gobierno.
