INFORME: denuncian violaciones de DD.HH y represión en cárceles cubanas

Alrededor de 82 incidentes, entre violaciones de derechos humanos y actos represivos, ocurrieron durante marzo al interior de las prisiones de Cuba, según alerta en un informe el grupo Justicia 11J, que lleva un registro de las detenciones y procesos judiciales por motivos políticos ocurridos en la isla tras las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021.

“Observamos con preocupación el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en Cuba”, advirtió la organización en el informe publicado el jueves.

Justicia 11J señaló el “deterioro del estado físico o emocional, o de la salud física o mental de 37 personas privadas de su libertad”. También reportó sobre denuncias relacionadas con la deficiente alimentación, brotes de enfermedades contagiosas, desabastecimiento de medicinas, desatención médica y violaciones de DD. HH en varios centros penitenciarios del país.

“Resulta alarmante la persistencia de denuncias sobre la negación de medicamentos a quienes los han solicitado, y también, la medicación indebida a personas con condiciones siquiátricas catalizadoras del intento de suicidio, y cuyos efectos han implicado peligros inminentes para la vida (…)”, expresó la organización.

También se alerta sobre el brote de enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la hepatitis en varios en centros de detención, así como de las plagas de chinche, cada vez en aumento.

Incluso, la repercusión de la mala alimentación en la salud de los reclusos ya ha sido reconocida por el propio régimen -según testimonios recogidos por Justicia 11J- y se ha empezado discretamente a tomar medidas, como la creación de un destacamento especial en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde se ha reagrupado, al menos, a 30 reclusos malnutridos.

Tras indicar que se trata de un subregistro de incidentes violatorios de derechos o represivos al interior de las cárceles, por la falta de información oficial, la organización denunció que durante el mes de marzo al menos cuatro personas iniciaron huelgas de hambre en prisión.

Igualmente, se denuncia en el informe que  en los centros penitenciaros de seis provincias del país: Combinado del Este, Prisión de Guanajay, Prisión de Quivicán, Prisión de Agüica, Mar Verde, Prisión de Canaleta y la Prisión Cuba-Panamá, se impone la restricción de las llamadas telefónicas para interrumpir la comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familiares.

Justicia 11J también documentó hacinamiento y falta de condiciones sanitarias (Prisión de Agüica); negación de asistencia religiosa (Kilo 8 y Kilo 9, en Camagüey); golpizas, maltratos o agresiones (Cerámica Roja, Jóvenes de Occidente, Combinado del Este), y traslados arbitrarios y repentinos desde/en establecimientos penitenciarios (12 traslados, contemplados los aislamientos en celdas de castigo).

Por otra parte, en marzo, se le negó el cambio de régimen de mayor a menor severidad, o revisión del caso, a cuatro presos políticos con enfermedades crónicas o padecimientos de siquiatría, de acuerdo con la ONG. También se abrieron nuevos procesos penales contra manifestantes del 11J que "presentan condiciones marcadas de vulnerabilidad, y además, resultaron víctimas en los eventos por los que ahora serán enjuiciados".

Desde las protestas masivas de julio de 2021, Justicia 11J ha registrado las detenciones de 1812 personas, como parte de la respuesta estatal a distintas manifestaciones antigubernamentales. Según el grupo defensor de derechos humanos, al menos 768 cubanos continúan en prisión y 742 han sido juzgados principalmente por el 11J, la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre (2021) y las protestas de 2022 por el agravamiento de la crisis económica y social.

En total, serían, al menos, 990 las personas presas y condenadas o pendientes a juicio por expresar su descontento con el régimen del Partido Comunista.