El diario ABC informa hoy que una familia cubana residente en Estados Unidos cuya hacienda azucarera fue expropiada por el régimen cubano en 1960 prepara demandas contra las empresas españolas Meliá y Blau ante la justicia norteamericana por tráfico ilícito con propiedades confiscadas, después de que Donald Trump haya decidido que a partir del 2 de mayo expire un veto de la Casa Blanca contra ese tipo de demandas.
Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclamarán a esas empresas españolas una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, en la parte oriental de la isla. Se trata de los hoteles de Meliá Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde, y Playa Costa Verde.
Los edificios son en realidad propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos. Por ello el gobierno norteamericano ha incluido a todos esos inmuebles en una lista, actualizada en noviembre de 2018, de bienes sujetos a sanciones por ser instrumento de enriquecimiento del régimen castrista.
Las hoteleras españolas ofrecen sus servicios como intermediarios que pagan al Grupo Gaviota por el alquiler de las instalaciones. Los Sánchez Hill están investigando además si hay otras empresas españolas que operen total o parcialmente hoteles dentro de lo que fue su hacienda.
«Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque va a hacer ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades», explica Jorge Latour Sánchez, que tuvo que abandonar Cuba con cinco hermanos, nietos del patriarca, tras la expropiación del régimen. A sus 84 años, Latour ha visto morir a tres de los hermanos con los que llegó a Florida. «Ellos no podrán ver cómo por fin se puede hacer justicia después de tantos años», dice.
Viven hoy más de 100 descendientes del terrateniente Sánchez Hill, la mayoría en Estados Unidos pero otros en España. Entre todos crearon en 1996 una sociedad limitada en Florida para canalizar las indemnizaciones. Le dieron el mismo nombre de la hacienda azucarera que les fue robada, Central Santa Lucía. En lo que fue su tierra, de 57 kilómetros de costa, el gobierno norteamericano ha identificado al menos 11 hoteles controlados todos por Gaviota, demás del embarcadero Puerto Vita de Holguín.
En 1995 el Capitolio aprobó la ley para la Libertad y Solidaridad con la Democracia en Cuba, conocida como Helms-Burton por los apellidos de un senador y un diputado que la impulsaron. En ella se endureció el embargo al régimen comunista, pero dos de sus títulos quedaron en suspenso por decisión del presidente Bill Clinton: el capítulo III, que permitía a ciudadanos norteamericanos demandar en los juzgados de EE.UU. a empresas extranjeras que sacaran rédito de propiedades expropiadas en Cuba, y el capítulo IV, que rescindía visados a los gestores de esas mismas empresas.
Pensando que la ley entraría en vigor en su totalidad en cuestión de meses, los Sánchez Hill y su asesor legal, Nicolás Gutiérrez, negociaron con la empresa española Meliá una posible indemnización. Según recuerda hoy Gutiérrez, hubo cuatro reuniones entre 2000 y 2002, dos de ellas en Miami y otras dos en Washington, una de estas últimas en el departamento de Estado. A Meliá le representó Jaime Puig de la Bellacasa, vicepresidente de la compañía fallecido en 2013. Según recuerda Gutiérrez, ambas partes estuvieron muy cerca de un acuerdo de indemnización por cinco millones de dólares (4,5 millones de euros).
«El problema es que la otra parte se dio cuenta de que el gobierno americano no tenía intención de aplicar la ley en su totalidad de forma inminente y pasaron de ofrecer cinco millones a ofrecer poco más de 3.000 dólares, una verdadera afrenta», dice Gutiérrez. «Eso ha cambiado ahora porque a Trump le importa un bledo lo que piense la Unión Europea».
Los Sánchez Hill, con la ayuda de Gutiérrez, también han preparado una demanda contra Meliá en España que, tras el fracaso de un acto de conciliación, presentará la semana entrante en un juzgado de Palma de Mallorca por usufructo ilícito con propiedad robada en el extranjero.
