Siete países latinoamericanos rechazaron este martes cualquier intento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de desestabilizar las democracias en la región y respaldaron al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en nombre del grupo.
En un comunicado, la cancillería de Perú dijo que con Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay, expresan su “firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno” y “rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro”.
Este martes, el gobierno de Ecuador buscó la mediación extranjera, a través de Naciones Unidas o la Iglesia Católica, después de casi una semana de protestas contra medidas austeridad que obligaron al gobierno a mudarse de la capital y provocaron cientos de arrestos.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa, acusado de instigar las protestas, dijo "desconfiar" de los interlocutores concretos que estarían implicados y propuso elecciones en las que afirmó que se presentaría como candidato "si fuera necesario".
"Si hay elecciones me presentaría si fuera necesario. Me inhabilitaron para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo" podría ocupar un cargo, dijo Correa en una rueda de prensa convocada en el Parlamento Europeo.
El exmandatario, que reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos", y que si regresa a su país será encarcelado.
Correa aseguró que, al proponer elecciones, "estamos dando salida" a la crisis, ya que la Carta Magna de 2008 establece medidas como el adelanto electoral en caso de graves disturbios.
En los últimos meses, diversos informes de la inteligencia ecuatoriana han advertido que Correa, Maduro y el régimen cubano buscan desequilibrar a Moreno. Un reporte del Centro de Inteligencia Estratégica, fechado el 2 de octubre, asgura que hay milicias venezolanas infiltrada en el Movimiento Indígena y una campaña en redes sociales, con mensajes que llegan mayoritariamente desde Cuba y Venezuela, alentando a la violencia.
Dos personas cercanas a Correa, su ex jefe de Seguridad, Marco Montenegro y Fausto Jarrín, su abogado y asesor, serían los encargados de conducir acciones encaminadas a fomentar la rebelión y el caos en el país andino. El reciente viaje a Cuba de Correo estuvo acompañado de una inusual campaña contra Moreno en las redes sociales oficialistas.
Tanto Correa como Maduro han negado su implicación en los disturbios y se han dedicado a ironizar sobre el asunto.
Restricciones a la libertad de tránsito y movimiento
El mandatario ecuatoriano abandonó el lunes de manera inesperada la sede presidencial, el Palacio de Carondelet, en el casco histórico de Quito, para viajar a Guayaquil, donde ha establecido el gobierno de manera provisional a la luz de la situación de seguridad que se vive en el país.
La sede del Parlamento ecuatoriano fue tomada durante aproximadamente una hora por manifestantes de sectores indígenas, que desde primera hora se concentraron en un parque de la capital, Quito, en la víspera de una gran movilización prevista para el miércoles contra la reforma económica del Ejecutivo.
La pasada madrugada un grupo de asaltantes también irrumpió en la sede de la Contraloría General del Estado en Quito donde provocaron destrozos, tras lo cual la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura suspendieron sus actividades este martes.
Mientras, Moreno, emitió este martes desde Guayaquil un decreto en el que restringe la libertad de tránsito y movimiento en determinado horario y en áreas aledañas a sedes institucionales e instalaciones estratégicas.
El decreto 888 estipula la restricción de circular en horario de 20.00 a 5.00, de lunes a domingo, "en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado".
También se enmarcan en esta disposición otros lugares que establezca el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en tanto dure el estado de excepción, que quedó limitado a un plazo de 30 días desde su emisión el pasado jueves, según dictaminó el martes la Corte Constitucional.
El documento argumenta que de acuerdo con las necesidades que establezcan el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, se desarrollará la medida destinada a "mantener el orden público interno, pudiendo, de ser el caso, establecerse salvoconductos y similares".
Quedan eximidos de esta limitación las personas y funcionarios que deban prestar un servicio público o de otra índole como miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, personal de misiones diplomáticas acreditadas en el país y personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por entidades estatales o de servicios de emergencia.
Las fuerzas de seguridad estarán encargadas de velar por el cumplimiento de las restricciones que se iniciarán esta misma tarde.
(Con información de Reuters y EFE)
