En Chile la Fiscalía le abrió investigación penal al presidente Sebastián Piñera por el caso de Minera Dominga, a raíz de las informaciones que salieron a la luz la semana anterior con los Papeles de Pandora.
Martha Herrera puso en marcha la solicitud de investigación penal de oficio contra Piñera. La Justicia busca aclarar el papel del presidente Piñera en esa transacción.
En 2010, la familia Piñera vendió su parte en 152 millones de dólares como consta en el contrato suscrito en Islas Vírgenes Británicas. El último pago, unos 10 millones de dólares, estaba atado a que el área minera no se convirtiera en zona protegida, condicionando así un negocio a una decisión política y estando Sebastián Piñera en ejercicio del poder presidencial.
Piñera ha dicho que no estaba enterado. En 2017, de hecho, la justicia sobreseyó a Piñera. Aunque el caso sí suscitó críticas de los ambientalistas.
Hoy, los Pandora Papers, complican al presidente chileno, porque indican que este negocio pudo comprometer su acción y decisión políticas para obtener beneficio económico. Adicionalmente, la Fiscalía busca determinar si hay lugar para investigarlo por evasión de impuestos al hacer el negocio en el exterior.
La politóloga Paulina Astroza explicó que la Fiscalía inició la investigación para determinar si hay méritos suficientes a partir de la información que arrojaron los Pandora Papers.
Astroza analizó, a diferencia de los primeros análisis esbozados la semana anterior, que estos nuevos acontecimientos sí pueden generar consecuencias jurídicas, no solo políticas, para Piñera. Analistas en Chile dijeron inicialmente que al ser un caso sobreseído y juzgado no tendría impacto a nivel judicial.
El panorama para Piñera no es claro, en pleno año electoral, más allá del impacto negativo en su imagen, los Pandora Papers han abierto la puerta a una investigación judicial.