La Procuraduría (Defensa) General del Estado ecuatoriano dijo hoy confiar en que a finales de este año sea juzgado el caso "Sobornos 2006-2012", en el que se acusa al expresidente Rafael Correa y a varios de sus colaboradores por una supuesta financiación ilegal de su movimiento político durante su mandato.
Así lo manifestó este lunes a Efe el procurador Íñigo Salvador, quien aseguró que hay evidencias que apuntan al exmandatario como líder de una red de corrupción por el que varias empresas supuestamente entregaban ilegalmente dinero a Alianza País, cuando este movimiento político era dirigido por Correa.
Salvador indicó que, de acuerdo a los tiempos procesales, se esperaría que hasta mediados de este año se dicte el fallo del tribunal penal designado para juzgar la causa, pero señaló que las fases finales como el de casación podrían demorar una resolución definitiva hasta diciembre próximo.
Y es que los jueces "deben hacer el ejercicio de buscar un equilibrio entre la eficiencia y la premura" de un caso, añadió Salvador, quien rechazó que haya algún tipo de cálculo político como ha advertido Correa y sus abogados.
El exmandatario ha afirmado que el caso "Sobornos 2006-2012" busca "inhabilitar" una eventual candidatura suya para los comicios generales de 2021.
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Correa presume que hay una presunta "persecución política" en su contra para no permitirle participar en la lid electoral próxima y que por ello se le ha acusado de cohecho, un delito que según la normativa interna no prescribe y que se puede juzgar en ausencia.
"Que de por medio esté un proceso electoral, es una coincidencia", enfatizó Salvador quien dijo que la Procuraduría a su cargo no tiene esa motivación para actuar como "acusador particular" en el caso de cohecho.
Recordó que la Fiscalía había iniciado la instrucción por tres delitos como el "cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias", pero señaló que terminó por acusar a los involucrados sólo de "cohecho", como lo había anticipado la Procuraduría hace algún tiempo, por haber abundante prueba.
Correa ha negado tal extremo y ha remarcado que ese monto se trató de un préstamo ya pagado y del cual tiene todos los recibos de los abonos efectuados para cubrir el crédito.
En total, señaló Salvador, se investiga la supuesta financiación ilegal por un monto global que supera los 7 millones de dólares y por el que la Procuraduría pide que los responsables paguen una "reparación integral" al Estado por 23 millones de dólares.
