El independentismo catalán se moviliza contra la sentencia a sus líderes

Miles de simpatizantes independentistas catalanes colapsaron este lunes el aeropuerto de Barcelona en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo español que dictó penas de entre 9 y 13 años para nueve dirigentes secesionistas.

Además, cientos de manifestantes se congregaron en la céntrica plaza de Sant Jaume (que aglutina la sede del gobierno regional y el Ayuntamiento) y en los centros neurálgicos de otras ciudades catalanas.

El aeropuerto de Barcelona se convirtió en el epicentro de las protestas del movimiento secesionista contra la sentencia judicial, que movilizó a miles de personas, colapsando sus accesos y obligando a cancelar un centenar de vuelos.

A pie, por carretera, en metro y en tren, miles de manifestantes siguen las directrices de la plataforma "Tsunami democràtic" ("Tsunami democrático"), que llamó desde el conocimiento de la sentencia a acudir "de inmediato y por todas las vías posibles" a colapsar el aeropuerto barcelonés.

El colapso de El Prat a causa de las protestas obligó a varias aerolíneas a anular más de un centenar de vuelos previstos para el lunes y a cancelar otros 20 para este martes.

Los accesos a las terminales vivieron a lo largo del día momentos de tensión, como cuando los agentes de la policía regional catalana cargaron contra parte de los manifestantes congregados frente a la puerta de llegadas.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a lo largo del día a 37 personas en el aeropuerto, de las que 21 finalizaron con 17 altas y cuatro traslados a centros sanitarios.

Las protestas de los colectivos independentistas contra la sentencia también afectó a otras poblaciones de Cataluña, donde los manifestantes cortaron vías férreas.

Además, a lo largo de la jornada se produjeron cortes intermitentes de carreteras por todo el territorio catalán, incluso brevemente en un punto de la autopista AP-7, una de las más importantes de España.

LA RESPUESTA POLÍTICA

Toda la clase política reaccionó este lunes a la sentencia, desde el Gobierno español, con su presidente a la cabeza, el socialista Pedro Sánchez, quien defendió su "cumplimiento íntegro", hasta la petición de "amnistía" del jefe del Ejecutivo regional catalán, el independentista Quim Torra.

En una comparecencia ante los medios, en español y en inglés, Sánchez consideró la sentencia como un "fracaso" del independentismo y apostó por una nueva etapa de diálogo dentro de la ley.

El presidente del Gobierno español avisó de que su Ejecutivo se mantendrá "atento" a las respuestas a la sentencia, garantizará la "convivencia y la seguridad" y tomarás las medidas que sean necesarias si se vuelve a incumplir la ley.

Antes de Sánchez compareció Torra para calificar de "injusta y antidemocrática" esta sentencia y para exigir el "fin de la represión y la libertad de presos políticos y exiliados", incluida la "amnistía como punto final" para los "represaliados".

Entre los líderes de los principales partidos españoles, el conservador Pablo Casado (Partido Popular, PP) exigió a Sánchez un compromiso claro sobre la cuestión catalana.

Casado consideró adecuada la sentencia aunque propuso una reforma del Código Penal que incluya el delito de rebelión sin violencia, figura que no está incluida ahora mismo en el Código Penal español.

"Hoy se ha hecho justicia", dijo por su parte el líder de Ciudadanos (liberales), el catalán Albert Rivera, quien también exigió que no haya indultos ni privilegios para los condenados.

Por su parte, el líder de Unidas Podemos (UP-izquierdas), Pablo Iglesias, remarcó el consenso del Tribunal Supremo sobre que no hubo violencia (imprescindible para el delito de rebelión).

LA RESPUESTA INDEPENDENTISTA

En Cataluña, todos los dirigentes independentistas criticaron la sentencia.

"La democracia ha muerto en el Estado" y la sentencia supone "la mayor agresión" a Cataluña desde el juicio al expresidente catalán Lluis Companys, fusilado en 1940 durante el régimen del dictador Francisco Franco, según recalcaron la secretaria general adjunta del partido independentista republicano ERC, Marta Vilalta, y su portavoz en el Congreso español, Gabriel Rufián.

Rufián llamó a responder en la calle, de forma pacífica y cívica, pero también en las urnas, en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

Desde Bruselas, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la justicia y contra el que hoy se dictó una nueva orden europea de detención, consideró que la sentencia confirma la estrategia de "represión y venganza" contra el independentismo catalán.