Concluye investigación judicial por desfalco al expresidente salvadoreño Mauricio Funes

El ex mandatario, prófugo de la Justicia de su país, se encuentra asilado por el régimen de Ortega en Managua, donde recibió recientemente la nacionalidad de ese país. Esto representa una barrera para la Justicia salvadoreña, dado que la Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Ex presidente Mauricio Funes, prófugo de la Justicia de su país en Managua
 

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San Salvador - La Fiscalía de El Salvador presentó este miércoles ante un tribunal el dictamen de acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras 31 personas por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares, con lo que concluye la investigación correspondiente a la fase de instrucción.

Tras la presentación de este documento, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador deberá establecer la fecha para la instalación de la audiencia preliminar.

De cuerdo con el director Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Arriaza, Funes será "declarado rebelde", sino se presenta. 

El exmandatario, que gobernó bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se encontraba asilado en Nicaragua, prófugo de la Justicia de su país, desde septiembre de 2016. Tras permanecer asilado por el régimen de Ortega, Funes recibió recientemente la nacionalidad de ese país.

Dicho beneficio migratorio representa una barrera para la Justicia salvadoreña, dado que la Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Según Arriaza, Funes encabezó una "estructura criminal que se apropió de recursos del Estado" mediante "distintos mecanismos de lavado de dinero".

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que Funes malversó y lavo más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal mediante cuentas de banco particulares.

Funes, al igual que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de "gastos reservados" que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal, de acuerdo con la Fiscalía.

Saca purga una pena de 10 años de prisión impuesta en septiembre de 2018 por malversar más de 300 millones de dólares y lavarlos mediante sus empresas de comunicaciones, delitos que confesé en un juicio.

La referida cuenta también la heredó Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gasto secreto es auditado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a petición de actual presidente, Nayib Bukele, quien ha prometido eliminar dicha partida presupuestaria.

Además de la acusación, la Fiscalía presento 3.000 folios con la "recopilación de pruebas en contra de los imputados" y las declaraciones de 114 testigos.

 

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