Uno de los episodios más tristes de la pasada guerra civil en El Salvador, la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres que los asistían en labores domésticas, cumple 30 años mañana sábado sin que el caso penal avance significativamente.
El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la ofensiva "Hasta el tope", un comando élite del Ejército salvadoreño penetró al campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a las ocho personas.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la trabajadora de la UCA Elba Ramos y su hija de 16 años, Celina Ramos.
Por denunciar las condiciones de pobreza y marginación, así como abusos a los derechos humanos en un país en guerra, los sacerdotes de la UCA eran considerados “izquierdistas” por los gobiernos de turno, los militares y la oligarquía del país.
Los llamados "mártires de la UCA" serán recordados con eventos culturales y una vigilia, este 16 de noviembre.
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En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional anuló la ley de amnistía suscrita en 1993 por el Congreso, tras el final de la guerra, en 1992. Ese fallo fue la ventana para que tribunales del país abrieran causas pendientes, incluida la de los jesuitas.
En abril de 2018 una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.
El proceso se encuentra actualmente en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que los defensores de los militares presentaron un recurso de casación luego de que una corte de apelaciones ratificara en marzo pasado la reapertura.
Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 y a quien la CSJ le ha negado el indulto y conmutación de la pena, dado que la masacre es considerada un crimen de lesa humanidad.
Otro militar involucrado en el caso, Inocente Montano, está detenido en España, a donde fue extraditado desde Estados Unidos para seguirle un juicio en tribunales de ese país europeo. La fiscalía pide una condena de 30 años por la muerte de cada uno de los cinco religiosos españoles, 150 años en total, según reportó en mayo de este año el diario El País.
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Mientras tanto, el testimonio de Lucía Cerna, clave para vincular al Ejército de El Salvador con la masacre, fue publicado por primera vez en español por la UCA.
Las autoridades de la universidad, junto a la coautora Mary Jo Ignoffo, presentaron el miércoles 13 el libro, distribuido bajo el sello editorial de la universidad jesuita.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, recordó que los "responsables intelectuales" del crimen, que "todavía están en la impunidad", ordenaron a los militares que ejecutaron la masacre "no dejar testigos".
"Los militares se equivocaron, porque hubo una testigo que los vio entrar y salir. Lo maravilloso de esta testigo es que tuvo la valentía de decir la verdad", acotó.
Cerna era empleada de la UCA y vivía en la central localidad de Soyapango, una zona de intensos combates entre la guerrilla y el Ejército salvadoreño, por lo que buscó refugió en la universidad.
El crimen de los religiosos estremeció a la comunidad internacional, incluyendo al Gobierno de los Estados Unidos, que terminó convenciéndose de que lo mejor era que las autoridades salvadoreñas buscaran una solución negociada al conflicto.
(Con información de Efe)
