La firma legal Rivero Mestre de Miami presentó el lunes una demanda colectiva contra varios grupos hoteleros controlados por La Habana en busca de indemnización para ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro tras 1959 y explotadas por la cadena española Meliá.
De acuerdo con un reporte de Martí Noticias, entre las entidades demandadas se encuentran el Grupo Hotelero Gran Caribe, Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán SA, Grupo de Turismo Gaviota SA y Corporación CIMEX SA, entre otras.
El pleito se establece bajo el amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamaciones a entidades extranjeras que hayan traficado con propiedades confiscadas por el régimen cubano.
El diario El Nuevo Herald precisa que algunos de los demandantes son miembros de la familia Mata, que piden compensación por el uso del hotel San Carlos, ahora administrado bajo el nombre Meliá San Carlos, en una empresa mixta entre Meliá y la cadena cubana Gran Caribe. El hotel fue confiscado sin compensación a la familia, una de las más adineradas en Cienfuegos, en diciembre de 1962.
El diario aclara que Meliá no aparece todavía en la demanda, pero recibió una notificación el lunes en la que se le informa que, de no pagar compensación a los dueños originales, sería incluida en la demanda colectiva, la primera de su tipo presentada hasta ahora bajo la Helms-Burton.
Uno de los abogados del caso, Andrés Rivero, dijo que su oficina solicitaría la evaluación de un experto, pero que el valor actual del San Carlos, un edificio histórico en el centro de Cienfuegos recién renovado por Meliá y reinaugurado en 2018, estaría en el orden de "varios millones de dólares".
En abril pasado, descendientes del terrateniente Rafael Lucas Sánchez Hill también anunciaron demandas en tribunales de EEUU contra la cadena española Melia Hotels International por la explotación de los hoteles Sol Río de Luna y Mares y Paradisus Río de Oro, construidos sobre un terreno de 40.000 hectáreas en Holguín que le fue confiscado a la familia.
Tras la puesta en vigor del Título III de la Helms-Burton, el pasado 2 de mayo, Meliá aseguró que la medida no suponía "ninguna alteración sustancial" de su actividad en Cuba y que "opera legítimamente" en la Isla.
