Este fin de semana la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), encabezada por Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la masacre, aun sin esclarecer, de al menos 46 presos del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa (noroeste).
El organismo internacional alertó en Twitter que “estamos muy preocupados por los eventos violentos en un centro de detención en Guanare, que resultaron en 46 muertos y 75 heridos, incluidos funcionarios de prisiones”.
“Instamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos” de los reclusos, pidió al régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno chavista justificó la masacre con un presunto intento de fuga, sin embargo, familiares de los reclusos asesinados desmintieron esa versión y afirmaron que fue un motín de los reos porque les negaban las visitas y el acceso a la comida, protesta ahogada en sangre por las autoridades.
Coincidiendo con la institución que dirige Bachelet, el secretario general de la Organización de Estados Aamericanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que las “46 personas muertas en un motín de presos hambrientos en la cárcel de Guanare” es “otra inaceptable forma de tortura de la dictadura”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de DDHH, expresó en Twitter su preocupación por el hecho y exhortó a las autoridades a “iniciar sin dilación investigación seria, imparcial y efectiva para determinación de la verdad, el enjuiciamiento y eventual castigo de responsables materiales e intelectuales de los hechos”.
La ONG Human Right Watch denunció, mediante su director en América, José Miguel Vivanco, la “condena por la muerte de 46 detenidos en la cárcel de Guanare, en Venezuela. Al régimen de Maduro le cabe responsabilidad por lo que ocurre en las prisiones. Debe haber justicia”.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, responsabilizó al régimen de Maduro del violento hecho.
Según las primeras versiones de las autoridades, los detenidos intentaron huir de la prisión rompiendo la valla del perímetro de seguridad al mediodía. Fueron enfrentados por los guardias del centro penitenciario, momento en el que se desencadenó un tiroteo. Además, resultó apuñalado el director de la prisión, Carlos Toros, y una teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Escarlet Arenas González, fue herida por el estallido de un explosivo, presuntamente una granada.
Sin embargo, la oposición asegura que los reos no intentaban fugarse y que exigían alimentos, versión apoyada por familiares. En todo caso, medio centenar de reclusos muertos hacen sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza por la GNB.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones también dudó de la información chavista y exigió una investigación completa. La directora del observatorio, Carolina Girón, ha pedido una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido, tras una “dudosa” primera versión de las autoridades, según la cual los presos intentaron fugarse “a plena luz del día”.
Esta ONG ha informado que la cárcel conocida como Cepella está sobrepoblada, con 2 mil 500 presos cuando su capacidad habitual es de 750, y son “víctimas del hacinamiento y la desidia”.
