Una oenegé venezolana ha fundado una instancia ciudadana para monitorear las violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad cometidas por agentes gubernamentales en el estado de Táchira, en el oeste de Venezuela, en la frontera con Colombia.
El Comité de Investigación y Documentación fue creado por la Fundación El Amparo con el objetivo de vigilar al respeto a los derechos humanos en esa región del país. Los resultados del monitoreo serán consignados ante la misión internacional independiente de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, informó este jueves el sitio digital El Pitazo.
El presidente de la Fundación El Amparo y diputado jubilado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, explicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la misión internacional independiente para verificar lo que ha ocurrido en el país.
El Pitazo dijo que el comité en Táchira buscará recoger y documentar los testimonios de las víctimas por la destrucción de puentes internacionales en la cuenca alta del río Táchira, las protestas populares de los años 2014, 2017 y 2019, el cierre de frontera de ese estado con el vecino Norte de Santander, en Colombia, así como las deportaciones forzadas.
Márquez dijo que los casos recopilados por el comité serán documentados mediante una metodología definida previamente, e invitó a quienes sean víctimas por los hechos antes mencionados a comunicarse con él para incluirlos en la documentación.
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La situación de los derechos humanos se ha venido deteriorado gravemente en Venezuela desde las primeras protestas civiles contra el Gobierno socialista de Hugo Chávez (1999-2013) y de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.
Un informe publicado a mediados de septiembre por Human Rights Watch (HRW) reveló que unas 18.000 personas han muerto desde 2016 a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta "resistencia a la autoridad".
La organización internacional acusó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana de cometer "ejecuciones extrajudiciales", especialmente en comunidades de bajos recursos.
"En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia", dijo entonces el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Washington.
También, familiares de personas presas en varios centros de detención del país denunciaron recientemente torturas cometidas contra sus parientes, así como irregularidades que ponen en evidencia la falta de control y los abusos existentes en las cárceles.
“Les echan agua, no les permiten el ingreso de medicamentos sin récipe”, dijo la madre de un detenido, que quiso mantener su nombre en reserva.
