La organización Kapé Kapé acaba de emitir su informe 2020, “Minería ilegal en comunidades indígenas”, donde revela que “el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero de Venezuela, se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal”.
El informe de 52 páginas, realizado con la colaboración de las Comunidades Indígenas, refiere que aunque parte del oro producido en el país se vende al Banco Central de Venezuela (BCV), fuentes como Transparencia Venezuela, señalan que por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al BCV, sale por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga, que va hacia Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita, Turquía, entre otros destinos.
Según una publicación de Infobae sobre el tema, todo “ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”.
Destaca el informe de Kapé Kapé, como un fracaso, medidas como el Plan de Ahorro en Oro, a través del cual el Estado venezolano invitó a la población a comprar pequeños lingotes de oro al Banco Central de Venezuela, como fórmula de ahorro.
“La venta de los lingotes de oro se vendía con una importante prima de diferencia respecto al precio del oro a nivel internacional. Así mismo, el país ha liquidado parte de sus reservas en oro para hacer frente al pago de préstamos y operaciones con bancos internacionales, y finalmente parece una burla en medio de la crisis existente, la pretensión del Estado de estimular el ahorro de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades elementales”, se refiere en “Minería ilegal en comunidades indígenas”.
Se lee en el documento que según Transparencia Venezuela, “ninguno de los 24 estados del país ha logrado sacar provecho de sus recursos minerales a pesar de formar numerosos contratos de exploración conjunta con diversas empresas”.
Los mineros, del oro extraído, pagan a los molinos para su procesamiento, también a los grupos armados que controlan el territorio. “Pero no solo los mineros, deben pagar también los residentes que trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar”.
Peor es para las niñas y adolescentes “utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer”.
Si se resiste entonces son víctimas “de hostigamiento, secuestros y torturas”, incluso resultando heridas o asesinadas en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería. “Uno de los casos que causó conmoción el año pasado (2019), fue el asesinato de una mujer embarazada y una niña de 6 años por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, también en el hecho resulto herido un hombre; estas tres víctimas pertenecían a la etnia Warao, localizada en la comunidad de Mariusa en la parroquia Juan Millán, del municipio Tucupita en Delta Amacuro”.
De acuerdo a las investigaciones de Kapé Kapé en las zonas mineras se ha reportado “la presencia de niños trabajando algunos desde los diez años. Según, (Bram, 2018) en las zonas mineras del Callao el 45% de las personas que operan los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes”.
“Otras de las denuncias, que han derivado de los efectos perversos del contexto violento que tienen lugar en las zonas mineras, son las relacionadas a las desapariciones, heridos y muertes a causa de los enfrentamientos de los grupos armados”.
Recuerdan que Human Rights Watch, indicó que, para el 19 de octubre 2019, “al menos 16 personas se encontraban desaparecidas y 6 resultaron heridas en la mina. Las comunidades indígenas más afectadas, según Kapé Kapé, son las que habitan en el municipio Sucre y Gran Sabana de Bolívar, estado donde habitan aproximadamente 198 comunidades indígenas.
Señalan que “el municipio El Callao está considerado como el más violento de Venezuela con 876 víctimas por cada 100 mil/ hab y el municipio Sifontes, donde se encuentra Tumeremo ocupa el tercer lugar con una taza de 274 víctimas por cada 100 mil/hab”.
Kapé Kapé relata que hasta ahora nada de los establecidos por el Estado ha sido eficiente para detener el avance de la minería ilegal y sus consecuencias.
La minería ilegal, que se ejerce en los estados del sur, específicamente en las comunidades indígenas localizadas en las áreas de confluencia del Arco Minero, ha causado, revela Kapé Kapé, “incontables e irreparables daños entre los que se destacan: hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, masacres, además del severo daño ambiental, ecológico y cultural”.
