El régimen de Nicolás Maduro utiliza las desapariciones forzadas “como mecanismo de represión y control social y político”, declaró el opositor venezolano Miguel Pizarro, comisionado ante Naciones Unidas.
“Solo entre 2018 y 2019, se reportaron 724 desapariciones forzadas como mecanismo de represión política”, recordó Pizarro, citando una investigación del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y la ONG venezolana Foro Penal.
“En Venezuela, la práctica de desapariciones forzadas es común en el marco de las detenciones políticas, no permite la defensa de la persona y, en muchos casos, se han desaparecido a personas para someterlas a procesos de interrogación acompañados de torturas”, destacó Pizarro sobre el informe.
Desde 2017 las desapariciones forzadas se han dirigido en varias ocasiones a familiares o amigos de militares o personas que las autoridades consideran involucradas en actos de rebelión.
Ese informe utilizó datos de Foro Penal, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. “Esta organización recogió y sistematizó información a partir de un protocolo de actuación que consta de varias etapas”, añadió Pizarro.
El ex diputado, nombrado por Juan Guaidó comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, concluyó que “son cientos las víctimas de desaparición forzada y violación de derechos humanos por parte de la dictadura que hoy exigen y siguen luchando para que se haga justicia”.
Según Amnistía Internacional, una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de por el Estado, grupos organizados o individuos cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.
Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. La persona desaparecida queda sin amparo legal, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección.
Las desapariciones forzadas constituyen violaciones acumulativas de derechos humanos, pues implican más de un agravio a la persona y sus familiares, como contravenciones del derecho a la vida, a un juicio justo y a la personalidad jurídica.
