El oro: salvavidas del régimen de Maduro
Precios del petróleo en su mínimo, economía hiperinflacionaria y dolarizada, sin gasolina y sin gas, sanciones de Estados Unidos y de Europa y aun así el gobierno de Nicolás Maduro sigue en pie; además de la ayuda que le han brindado sus aliados esto también se lo debe al oro
El oro, salvavidas de Maduro
 

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Desde 2013 en Venezuela no ha parado la crisis: economía hiperinflacionaria, los precios del petróleo se desplomaron y llegaron al mínimo, el colapso de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha dejado sin gasolina al país, las sanciones económicas de Estados Unidos también han contribuido al declive; sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro sigue en pie y el oro lo ha ayudado.

Según un reportaje de Connectas, el país suramericano se encontraba hasta 2013 entre los primeros 30 países del mundo con mayores reservas de oro monetario, pero actualmente se encuentra en su volumen más bajo en 50 años.

Desde la llegada de Maduro al poder han salido del Banco Central de Venezuela toneladas de lingotes al exterior sin autorización de la Asamblea Nacional, para pagar deudas, comprar insumos y para tener dinero en caja.

Al tener conocimiento de estas acciones, el 1° de noviembre de 2018 el gobierno de Estados Unidos sancionó las exportaciones venezolanas de oro por considerar que el régimen venezolano las ha utilizado para llevar a cabo “transacciones ilícitas".

Pero las sanciones de Estados Unidos no hicieron que Maduro dejara de usar el oro para obtener liquidez y no hundirse, pues el pasado 17 de agosto Reuters  informó que las reservas en control del Banco Central de Venezuela se redujeron a 98 toneladas al cierre de junio. En menos de un año la cantidad acumulada en el BCV cayó en al menos un 30%, pues a principios de 2019 tenía en sus arcas 129 toneladas de oro monetario.

Irán es el más reciente de los compradores del oro venezolano, después de que Estados Unidos bloqueara los negocios con Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Con Irán el gobierno venezolano ha intercambiado el metal precioso por tanqueros llenos de gasolina y en repuestos que lo ayuden a revivir los complejos de refinación que han colapsado debido a la corrupción que llevó a PDVSA a la ruina.

Irán cumplió y, desde junio, al menos ocho tanqueros han llegado con gasolina y aditivos para refinar combustible; también han aterrizado aviones con piezas para arrancar la planta catalítica de Cardón, en el estado Falcón.

Ante la baja de lingotes de oro en el BCV, el gobierno ha intentado recuperar 31 toneladas de lingotes de oro del BCV, que resguarda desde hace años en el Banco de Inglaterra. Para ello contrató al bufete del abogado británico Sarosh Zaiwalla, y solicitó la transferencia de su valor al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir equipos y enfrentar la pandemia del COVID-19.

Hasta el momento, ese oro sigue en disputa, pues el pasado 5 de octubre el Tribunal de Apelaciones de Londres anuló la decisión judicial previa que facultaba al presidente interino, Juan Guaidó, como el único capacitado para acceder legalmente a esas 30 toneladas de oro que reposan en bóvedas inglesas.

 


Con las reservas de oro en un nivel tan bajo, Maduro ha buscado la forma de obtener liquidez y lo encontró en el Arco Minero del Orinoco; una zona de 114 000 kilómetros cuadrados al sureste del estado Bolívar, donde se estima que hay 7000 toneladas de reservas de oro, además de cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Según un informe publicado por Atlantic Council, el impacto humano y ambiental que causa la explotación ilegal de estas minas de oro, torio y coltán debe ser centro de la atención internacional.

Estas afirmaciones fueron sostenidas por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien indicó que los residentes pobres del estado Bolívar y de otras entidades del país “impulsados ​​a trabajar en la extracción de oro por la actual crisis económica y la emergencia humanitaria se han convertido en víctimas de crímenes macabros por parte de grupos armados que controlan las minas ilegales en el sur de Venezuela”.

De acuerdo con Human Rights Watch, gran cantidad de minas en el estado Bolívar están bajo el estricto control de los sindicatos venezolanos o grupos armados colombianos; entre ellos, el grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional (Ejército de Liberación Nacional, ELN) y al menos un grupo disidente que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desmovilizados de Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC).  

El 18 de noviembre, el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, denunció que el Arco Minero Venezolano constituye la caja fuerte de los grupos armados irregulares y del gobierno de Maduro.

Señaló que las actividades ilegales que se desarrollan a través de las pistas clandestinas “contribuyen al financiamiento de las operaciones de los grupos terroristas, con la complicidad de las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado venezolano, que facilitan y coadyuvan a que este tipo de actividades perversas se consuman”.

Ante la falta de ingresos de dinero por concepto de la explotación petrolera, el gobierno de Maduro ha logrado sobrevivir vendiendo oro y ahora haciendo acuerdos con grupos armados que se han adueñado de las minas que conforman el Arco Minero, pese a la destrucción y muerte que causa esta actividad ilegal. Para Nicolás Maduro y sus aliados lo importante es sobrevivir.