Desacato, esa fue la palabra que más se escuchó por parte de los 55 diputados oficialistas luego que se dieron los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015; los comicios donde la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad, ganó 112 curules de los 167 que constituyen el Palacio Federal Legislativo.
El 6 de diciembre de 2015, fecha en que la oposición venezolana obtuvo por primera vez la mayoría en la Asamblea Nacional desde que comenzó a gobernar Hugo Chávez en 1998, empezó por parte de la administración de Nicolás Maduro la búsqueda de herramientas legales y no legales para evitar que los nuevos diputados pudieran reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia, o convocar el referendo revocatorio, que tenía posibilidades para ese año, pues Maduro en 2016 cumplía tres años en el poder.
Con el fin de evitar que la Asamblea Nacional obtuviera la supermayoría que le proporcionaba haber obtenido los 112 curules y ejerciera sus funciones, el gobierno de Maduro usó la teoría del desacato y se valió de una situación que había sucedido en el estado Amazonas, una entidad ubicada al sur del país, caracterizada por su población indígena y ser frontera con Brasil.
El oficialismo, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, usó unas grabaciones telefónicas para impugnar las elecciones donde habían salido favorecidos los legisladores indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. Representantes del partido de gobierno indicaron que los políticos habían cometido fraude, lo que hizo que el Consejo Nacional Electoral admitiera las denuncias y diera luz verde a las investigaciones.
El 5 de enero de 2016, cuando se instaló por primera vez la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidió la juramentación de estos tres diputados por declarar su elección como “carente de validez”. El organismo informó que, si estos ciudadanos se incorporaban al parlamento para ejercer sus funciones, la acción se traduciría como una “violación flagrante del orden público constitucional”.
La oposición no los juramentó ese día, pero al día siguiente, cuando se realizó la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, a quien habían elegido los opositores para presidir la junta directiva de ese año, los incorporó a sus funciones.
Esto hizo que Diosdado Cabello, elegido como diputado por el estado Guárico, saliera del Hemiciclo de sesiones y dijera que la directiva del Parlamento había entrado en “desacato flagrante”. También indicó que la bancada oficialista denunciaría tal hecho ante las instancias correspondientes.
El organismo al que se dirigieron los dirigentes chavistas fue al Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitió un fallo y declaró a la Asamblea en desacato, una etiqueta que “incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”.
El Tribunal apeló al artículo 336 de la Constitución venezolana para declarar que existe “omisión inconstitucional parlamentaria”, es decir, que el legislador “ha dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución" y que el TSJ tiene la competencia para establecer “lineamientos de corrección”.
Esto significa que toda ley u ordenamiento que declare la Asamblea no será cumplida por los otros poderes (Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral), y el Tribunal Supremo de Justicia se atribuía, desde ese momento, la facultad de declararlas nulas.
2017, asunción por el Tribunal Supremo de Justicia de funciones legislativas
El 31 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia en la que dijo que desde ese día ejercía las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN), mientras el organismo se encuentre en situación de "desacato".
La orden emitida por el Tribunal indicó: "Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".
El fallo del Tribunal se consideró como otro golpe al Poder Legislativo, mientras que el Consejo Nacional Electoral, dos años después, no resolvía la situación con los diputados de Amazonas.
Ese año el Tribunal consideró nula e ilegal la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Julio Borges. Para políticos como Freddy Guevara, diputado por el partido Voluntad Popular y exiliado en la embajada de Chile en Caracas, esa nueva decisión judicial no fue considerada como "una sentencia más”, sino como una que “marca un punto de no retorno de la dictadura, y que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida".
Además de considerar de ilegal a la directiva de Julio Borges, también hizo lo propio el pasado 5 de enero de 2018, cuando fue elegido Juan Guaidó presidente del Legislativo. Éste, a los días de asumir el cargo, también fue nombrado como presidente encargado de Venezuela.
De tal suerte, el Tribunal Supremo ha declarado de inconstitucionales las directivas de la Asamblea de mayoría opositora y también las leyes que ha aprobado. A día de hoy son pocas las normativas que no han tenido la intervención de un fallo del TSJ que las etiquete de nulas.
Diosdado y Maduro, su apuesta por Luis Parra y la prueba de la falsedad del desacato
El pasado 5 de enero, mientras funcionarios militares le prohibían la entrada al Palacio Federal Legislativo a Juan Guaidó para acudir a la sesión dónde se elegiría la junta directiva para el año 2020-2021, el diputado Luis Parra fue juramentado como presidente de la Asamblea, en una sesión ejecutada sin la validez estipulada por el reglamento parlamentario.
Parra fue elegido sin verificación del quórum y sin que se informara el número de votos que había obtenido. No se mostró una lista de los diputados votantes para su verificación.
Luego de la autoproclamación de Parra, Nicolás Maduro habló y lo reconoció como nuevo presidente de la AN. El gobernante venezolano declaró que "si el fracasado y corrupto de Guaidó no entró (a la Asamblea) es porque no tenía los votos suficientes para ganar, es que él ni siquiera las tiene bien puestas y ni dio la cara".
También dijo que Parra podía sacar a la Asamblea de la situación de desacato en la que se encuentra desde 2016.
Diosdado Cabello hizo lo propio. También reconoció a la junta directiva presidida por Parra y dijo que con él la Asamblea podría salir del desacato. Ninguno de los dirigentes oficialistas ofreció detalles de cómo Parra podría sacar a la Asamblea de esa situación, en la que supuestamente cayó por la impugnación de los diputados de Amazonas, cuyo caso hasta el momento no ha sido resuelto por el Consejo Nacional Electoral y los organismos competentes.
Como afirma el politólogo Óscar Vallés, estas declaraciones "son una prueba de que el desacato siempre ha sido una movida política y no tiene fundamento real".
