El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron proclamados como candidatos para buscar un cuarto mandato sucesivo en las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, mientras sus principales rivales están en prisión o bajo arresto domiciliario.
El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) ratificó a la pareja con el voto unánime de 2932 asambleístas, anunció uno de sus dirigentes, Gustavo Porras.
Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira a otros cinco años de poder ilimitado junto a Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
“Aquí estamos para continuar la lucha contra la pobreza”, dijo la vicepresidenta, ataviada con uno de sus llamativos vestidos.
Tras su nominación, la pareja será inscrita en el Consejo Supremo Electoral (CSE) que este lunes concluye el periodo de registro de candidatos en un clima de tensión entre Ortega y la oposición, así como nuevas sanciones adoptadas por EE. UU. y la Unión Europea (UE).
El bloque hemisférico castigó este lunes con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en el país.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Ortega planea competir en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a siete candidatos electorales.
Una de ellos es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como favorita para vencer al FSLN.
Los opositores son acusados de "traición" a la patria, al amparo de una polémica ley aprobada en diciembre pasado a petición del gobierno que castiga con cárcel (de 10 a 15 años) a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales.
Ortega ha acusado a los opositores encarcelados de "terroristas" y "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.
Con sus contrincantes en la cárcel, los sandinistas se disponen a enfrentar a una oposición divida principalmente en dos bloques: la alianza CxL, debilitada por el arresto de casi todos sus precandidatos, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido acusada de colaborar con el gobierno.
