Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos: Dictadura Ortega es una amenaza a la seguridad regional

Crecen las voces que piden mayores sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua, para frenar la oleada de represión y persecución de opositores.
El senador demócrata Bob Menéndez, el dictador Daniel Ortega y el activista de derechos humanos y exiliado Álvaro Leiva
 

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La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para detener una de las campañas de represión más severas en el hemisferio occidental desde las dictaduras militares de la década de 1980”, así lo comunicaron el viernes un grupo de senadores demócratas y republicanos al secretario de Estado Antony Blinken, en alusión a la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua.

La reciente oleada de represión de la dictadura Ortega-Murillo incluye arrestos a candidatos presidenciales, teniendo como telón de fondo la celebración de elecciones este año, en el marco de un proceso viciado y sin garantías.

Este grupo de senadores estadounidenses le pidieron al gobierno Biden realizar mayores esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de los presos políticos y ampliar las sanciones sobre los jerarcas del régimen, a Ortega mismo, así como a los funcionarios militares de más alto rango, en virtud de la Ley NICA y la Ley RENACER.

Los senadores reclamaron que el gobierno de los Estados Unidos condene la ilegitimidad de la elección de noviembre, que se plantee la suspensión de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). La carta también insta a una mayor y sostenida atención internacional a la situación en Nicaragua, incluyendo en las Naciones Unidas y la OEA.

El diario nicaragüense Confidencial aportó el contexto a la comunicación de los senadores, indicando que esta se da en medio de la escalada represiva más reciente que ha dirigido el régimen desde mayo de 2021, “cuando inició una cacería de opositores en contra de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, miembros del sector privado y periodistas que adversan o critican al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo”.

El medio indicó que, en mayo, el Ministerio Público inició una “investigación”, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro alegando supuestos delitos de lavado de dinero, el la que se involucró a otras organizaciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Dos extrabajadores de la Fundación Violeta fueron detenidos. A inicios de junio, “la cacería de precandidatos presidenciales” comenzó con la detención de Cristiana Chamorro, exdirectora de la misma organización no gubernamental.

En los días siguientes el régimen también encarceló a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y otros políticos y opositores hasta eliminar cualquier competencia electoral y anular la competencia política y electoral para Ortega.

Daniel Ortega va por su cuarta reelección presidencial consecutiva, “en una boleta donde solo caben los partidos colaboracionistas”, indicó el medio.

Al 1 de octubre, 37 nicaragüenses permanecen detenidos en esa nueva ola de represión y persecución política que elevó la cifra de presos políticos del régimen a 150.

Confidencial puso el énfasis en la recomendación de los senadores respecto a condicionar los préstamos a Nicaragua desde los organismos multilaterales y recordó que, a esta comunicación de los senadores, se añade la petición de otros políticos norteamericanos que pidieron que los organismos financieros dejen de entregar fondos al régimen de Ortega.

“El 24 de septiembre, el congresista Albio Sires, envió una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alegando que el dinero no es utilizado con fines de combatir la pandemia”, refirió el medio.

La carta de los senadores, dice Confidencial, quiere llevar un paso más allá las consecuencias para el régimen, al solicitar que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, en el seno de la Organización de Estados Americanos.

Entre tanto, el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres usó su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para calificar las sanciones contra los operadores del gobierno como “obstáculo salvaje para erradicación de pobreza” y crimen de lesa humanidad, pero no dijo nada de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura que representa.

Moncada utilizó su discurso de 24 minutos para solicitar el “cese inmediato” de las “políticas coercitivas y agresivas” contra los pueblos, en clara alusión a las sanciones impuestas en contra de funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recordó Confidencial al citar al canciller, quien insistió que “en tiempo de pandemia”, las medidas contra los jerarcas del régimen, se “convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quien las impone”.

No obstante, precisó el medio, las “sanciones de la comunidad internacional han sido aplicadas a título personal contra quienes, valoran, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones, negación o revocación de visas, y penalidades económicas”.

A la fecha, son 31 funcionarios y operadores del régimen Ortega-Murillo sancionados por Estados Unidos, y más de media docena de ellos también han sido sancionados por la Unión Europea y los Gobiernos de Canadá, Suiza y Reino Unido, puntualizó el diario nicaragüense Confidencial.

ADN Cuba tuvo ocasión de entrevistar a Álvaro Leiva Sánchez; activista nicaragüense de derechos humanos en el exilio. Leiva es secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) y delegado de la Misión para Centroamérica y los Estados Unidos de la Canadian Human Rights International Organization (CHRIO). 

 ¿Cuál es su análisis acerca de la situación actual de Nicaragua?

"Como organización de derechos humanos miramos el comportamiento del régimen Ortega-Murillo a través de sus prácticas y acciones de represión, asedio y violaciones graves de los derechos humanos".

"El régimen demuestra que no tiene voluntad política para que la situación mejore y, de hecho, viola todos los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales Nicaragua se ha comprometido. A ello se suma el ‘genocidio viral’ en contra del pueblo nicaragüense por la deplorable gestión de la crisis sanitaria".

"A todos estos comportamientos crueles se suma el impedimento de la dictadura para el ejercicio de la libertad individual de los ciudadanos y las garantías de elegir y de ser elegido. Ortega viola la Constitución y las leyes del país. Si él se sometiera a elecciones reales perdería el poder. El vacío de poder político ha llevado al endurecimiento de la represión por parte de este narcoestado”.

"¿Narcoestado?"

"Sí. Digo narcoestado, con suficientes elementos, porque ha quedado evidenciado a través de muchos informes públicos que el régimen Ortega-Murillo, junto al régimen de Maduro en Venezuela y junto al régimen de Diaz-Canel en Cuba, son narcoestados que están promoviendo permanente el terrorismo de Estado, las violaciones graves a los derechos humanos, los negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, todas estas cuestiones que los países de la región y del mundo no pueden perder de vista".

¿Qué opina de la Carta de los senadores demócratas y republicanos al secretario Blinken pidiendo endurecer sanciones con régimen Ortega?

"La iniciativa, la carta de los senadores al secretario Blinken, es positiva pero es insuficiente en su efectividad frente a un narcoestado que es totalitario y que se ha venido acomodando a las sanciones".

"Consideramos que las sanciones deben estar dirigidas en tres sentidos: sanciones personales a los miembros del régimen, sanciones institucionales y sanciones al Estado. Si no se golpea con una estrategia internacional efectiva (que incluya los derechos humanos y las propuestas e iniciativas de organizaciones de la sociedad civil), si no se golpea al régimen desde sus bases vamos a permanecer en un círculo donde el régimen se seguirá saliendo con la suya como lo ha venido haciendo hasta hoy, incluso habiendo recibido sanciones".

¿Cuáles son los efectos de derrame generados por la dictadura Ortega-Murillo y cómo inciden en toda la región?

"Las consecuencias y los efectos de derrame se reflejan en la crisis humanitaria, en la emigración y en el éxodo que ha generado el régimen Ortega-Murillo".

"La dictadura nicaragüense ha convertido a sus ciudadanos en víctimas, pero también a Costa Rica y a otros países de la región y del mundo. Desde 2018 no ha disminuido la emigración de los nicaragüenses. Los nicaragüenses están huyendo".

"Costa Rica, un país hermano, está soportando toda esta crisis. Entre enero y mayo hubo cerca de cuatro mil solicitudes de nicaragüenses para obtener el estatus de refugiado en Costa Rica, estas aumentaron a más de 12 mil en agosto y podrían superar las 20 mil próximamente".

"Los efectos de la dictadura Ortega van a profundizar la crisis política, social y económica de Costa Rica".

"Otra cuestión, desde una perspectiva de la seguridad regional, que no hay que perder de vista, es la relación de los narcoestados citados anteriormente, son regímenes totalitarios caracterizados por violar los derechos humanos que adicionalmente constituyen una amenaza a la seguridad regional por sus alianzas con el narcotráfico y el crimen organizado”.