Ejercer el periodismo en Nicaragua se vuelve cada vez más riesgoso

El periodismo ha enfrentado un retroceso en Nicaragua desde el levantamiento ciudadano iniciado en abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega
Ejercer el periodismo en Nicaragua se vuelve cada vez más riesgoso
 

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Managua, 11 sep (ADN CUBA).- El periodismo ha enfrentado un retroceso en Nicaragua desde el levantamiento ciudadano iniciado en abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega, afirmaron periodistas de ese país.

Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, consideró que hacer periodismo en Nicaragua, que está inmersa en una crisis sociopolítica desde hace 17 meses y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

A juicio de Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Gobierno del presidente Daniel Ortega "tiene miedo a la libertad de expresión" y, por tal razón, los medios nicaragüenses y los periodistas independientes han sido y siguen siendo objetos de censura, amenazas y asedios.

"Y hoy por hoy, hacer periodismo es una carrera de riesgo aquí en Nicaragua. O sea, Ortega tiene miedo a la libertad de expresión. Esa es la situación", valoró Chamorro en declaraciones a Efe.

Sostuvo que el mandatario nicaragüense ha criminalizado" el periodismo, principalmente tras el estallido social que comenzó el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma a la seguridad social.

 

 

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Por su parte, la organización Reporteros sin Fronteras, advertía ya en diciembre del año pasado el grave deterioro del periodismo en el país, tras los hechos violentos sucedidos desde abril de ese año.

El año 2018 finalizó, dijo RSF, marcado por una nueva serie de ataques graves contra la prensa nicaragüense independiente.

La organización denunció la tendencia autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y alertó sobre el riesgo de que la libertad de prensa se extinga de manera progresiva en el país.

Las manifestaciones antigubernamentales han dejado un periodista muerto, al menos tres detenidos que posteriormente fueron liberados, ataques y asedios a las instalaciones de medios de comunicación, las confiscaciones de un canal de televisión y un edificio donde funcionaban la redacción de dos programas televisivos y dos medios digitales, y 90 periodistas exiliados.
 

 

En ese sentido, Chamorro mencionó el allanamiento y confiscación del canal de televisión 100 % Noticias, cuyo director y propietario, Miguel Mora, fue acusado de promover el terrorismo y permaneció seis meses en prisión, y fue liberado junio pasado bajo una polémica Ley de Amnistía.

Además el edificio donde funcionaba la redacción de los programas de televisión "Esta Semana" y "Esta Noche", y los medios "Confidencial", y "Niú", dirigidos por su hermano, el también periodista Carlos Fernando Chamorro, que permanecen allanados desde diciembre pasado y él se tuvo que marchar el exilio.

Al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otras transgresiones, ha contabilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en casi 17 de meses de crisis.

En tanto, la periodista Carmen Herrera dijo que las dificultades para ejercer el periodismo en Nicaragua, se remontan incluso hasta el inicio de segundo mandato de Ortega, en 2007,

Desde entonces “se han incumplido todas las normativas, toda la legislación sobre la libertad de expresión porque ha habido una política de secretismo desde el Estado”, aseguró a ADN Cuba.

“Tenemos 13 años de hacer periodismo con fuentes que no podemos contrastar con los funcionarios de gobierno, porque ellos tienen prohibido dar información a medios que no sean del gobierno”, subrayó Herrera.

Y la situación después de los eventos de abril de 2018 ha complicado más la situación, añadió, pues ejercer el oficio es riesgoso, y lo más difícil es que las personas, que sirven de fuentes de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, den sus nombres, por el temor a represalias del régimen de Ortega.

 

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