A casi dos años de una revuelta generalizada contra Daniel Ortega, las detenciones de opositores políticos continúan en Nicaragua y son "una práctica estatal permanente", aseguró el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"#CIDH toma nota de una práctica estatal permanente en #Nicaragua: detenciones arbitrarias, criminalización con cargos desproporcionados, sin garantías procesales para opositores, por ejemplo, para líder estudiantil Kevin Solís y lideresa de @UnidadNic, María Esperanza Sánchez", denunció ese organismo en un tuit.
La Fiscalía de Nicaragua acusó el lunes pasado a tres universitarios que han participado activamente en los piquetes de protestas que se realizan en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, contra el Gobierno de Ortega.
Los jóvenes fueron acusados por un supuesto robo de 600 córdobas (unos 18 dólares) en perjuicio de José Leonel Suazo Gutiérrez, de 23 años.
El titular del juzgado décimo distrito penal de audiencia de Managua, Celso Urbina, admitió la acusación, dictó prisión preventiva contra Kevin Solís, de 21 años, y giró orden de captura contra los otros dos universitarios: Enmanuel Torres y Gerson Suazo.
Lea también
Solís estuvo preso 11 meses por haber permanecido atrincherado en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) cuando estallaron las protestas contra el presidente Ortega por una impopular reforma a la seguridad social, en abril de 2018.
La CIDH llamó al Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso (especialmente, garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia) y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de derechos humanos.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, "sembrado drogas y armas", para presentar los casos como delitos comunes.
El bufete jurídico Defensores del Pueblo ha denunciado que el Poder Judicial nicaragüense está condenando ahora a los opositores bajo delitos comunes y con policías como testigos, para evitar que sean llamados "presos políticos".
Lea también
Para el Gobierno, las protestas de abril de 2018, aplastadas con mano de hierro por parte del régimen de Ortega, fue una intentona de golpe de Estado, y recientemente la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa del gobernante, señaló que alzarse contra su marido fue “como querer tocar a Dios con las manos sucias”.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.
Ante esas críticas llegadas desde organismos de derechos humanos, locales e internacionales, la vicepresidenta Murillo también ha dicho que ella “tiene orejas de pescado”, es decir, que no escucha señalamientos de que el Gobierno violenta derechos fundamentales de la población.
(Con información de Efe)
