El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, indicó este lunes que las autoridades federales protegerán a las “clínicas de salud reproductiva” que sean objetivo de ataques y a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo voluntariamente en Texas.
“El Departamento de Justicia (DOJ) brindará apoyo a la Policía Federal cuando una clínica en la que realicen abortos sea atacada. No toleraremos la violencia contra quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva”, expresó Garland luego de que en Texas entrara en vigor una de las leyes contra el aborto más restrictiva de Estados Unidos.
Garland señaló que la protección se realizará bajo la ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, que prohíbe el uso de la fuerza, obstruir o amenazar a quienes quieran obtener o proporcionar servicios médicos de aborto.
El fiscal general explicó que el DOJ está estudiando todas las opciones posibles para contradecir la nueva ley contra el aborto del estado Texas, con el objetivo de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres, incluido el acceso al aborto”.
“Continuaremos protegiendo a quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva de conformidad con nuestra legislación”, puntualizó. La Ley de Garland contempla penas económicas de hasta $100.000 e incluso puede llevar a la cárcel a quienes obstruyan la entrada a este tipo de clínicas.
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La nueva ley del aborto en Texas prohíbe la interrupción del embarazo cuando se detecte un latido fetal, es decir, alrededor de las seis semanas. No existe excepción por violación o incesto, aunque sí por “emergencias médicas”.
“Cada bebé con latidos cardíacos estará protegido de los estragos del aborto”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, el pasado miércoles en un comunicado publicado en Twitter. “Texas siempre defenderá el derecho a la vida”, añadió.
La Ley también permite que los ciudadanos puedan presentar demandas civiles contra cualquier persona que colabore con el aborto de una mujer embaraza y prevé recompensas de hasta $10.000 por ello.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso de apelación por parte de un grupo de clínicas abortivas para impedir que la legislación entrara en vigor.
El presidente Joe Biden se pronunció contra la ley diciendo que viola “el derecho constitucional establecido bajo en el caso Roe contra Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”.
El caso de Roe vs Wade se refiere a una decisión de la Corte Suprema de 1973 que posibilitó a las mujeres al derecho al aborto hasta que el feto sea capaz de sobrevivir fuera del útero que, generalmente, ocurre entre las semanas 22 y 24 de gestación.
