A mediados de marzo, un grupo de venezolanos denunció la violación de derechos humanos en su país y protestó frente a la embajada de Cuba en La Paz, lo que puso a los manifestantes bajo la lupa del presidente socialista Evo Morales, un leal aliado político de Maduro y de los Castro.
El 17 de marzo, la policía boliviana detuvo a 14 venezolanos que fueron identificados como líderes de unas protestas de dos días antes: seis de ellos fueron deportados y ocho quedaron en libertad, pero cinco decidieron, posteriormente, huir a Perú por temor a nuevas medidas.
Los manifestantes vestían camisetas con el mensaje “Libertad para Venezuela” y demandaban a gritos el fin de una supuesta injerencia de Cuba, a la que responsabilizaron de la crisis que atraviesa el país caribeño.
“Tengo un poco de miedo a que me expulsen, porque ya expulsaron a venezolanos (...) Migración junto con Interpol buscaron en la casa de un inmigrante y lo sacaron del país”, declaró Nelson, un ingeniero civil de 43 años que prefirió que no se difundiera su apellido para evitar represalias.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado para explicar las circunstancias de la detención de los migrantes venezolanos.
“Se identificó que dichos ciudadanos no tienen oficio ni actividad económica lícita para su permanencia en el país” y que “confesaron estar involucrados en acciones conspirativas y participar en actividades políticas que afectan el orden público, a cambio de dinero”, señaló el comunicado oficial.
Pero la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió recientemente al Gobierno boliviano a través de la red Twitter que “deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional”.
Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 2018 al menos 3,4 millones de venezolanos dejaron su país y la mayor parte se encuentra en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.
