El ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, usó testaferros habituales de los denominados "papeles de Panamá" para esconderse en una sociedad del país centroamericano desde la que cobrar comisiones millonarias del régimen de Hugo Chávez.
Según la documentación que obra en poder de los investigadores y del Registro Mercantil panameño y a la que ha tenido acceso el diario español El Mundo, la sociedad opaca panameña Furnival Barristers fue creada el 8 de abril de 2008. Es decir, poco después de que Morodo abandonara la Embajada de España en Venezuela para la que fue nombrado por el entonces presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
La presidenta formal de la sociedad instrumental Furnival Barristers fue desde su inicio Edith Olivé Bocanegra, una fiduciaria presente en el caso de los "papeles de Panamá", documentación proveniente del despacho Mossack & Fonseca, especializado en ocultar patrimonios a través de paraísos fiscales.
Tres días después de la constitución de la empresa pantalla Furnival Barristers, otorgó privadamente poderes de representación, es decir, al margen del Registro Mercantil, a Alejo Morodo, el hijo del embajador socialista, detenido recientemente por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales. No en vano, la familia Morodo empleó esta sociedad para cobrar al menos 3,8 millones de euros de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) a cambio de asesorías ficticias. Raúl Morodo, padre de Alejo, se encuentra imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción española y no fue arrestado debido a su avanzada edad. El juez les ha impuesto medidas cautelares y la prohibición de abandonar el país.
Alejo Morodo fue el encargado de firmar con PVDSA un contrato simulado que tenía como objeto oficial la prestación de "servicios de asesoría corporativa, fiscal y legal en general en el área de Europa y, especialmente, en Portugal y España". Teóricamente los Morodo fueron contratados para implantar la petrolera venezolana en Europa, algo que nunca se llevó a cabo. De hecho, la sociedad que constituyeron a ese efecto, denominada PDVSA Ibérica, fue creada y disuelta en Madrid por parte de Alejo Morodo antes incluso de que el ex embajador percibiera sus honorarios millonarios.
Morodo utilizó dos sociedades para cobrar de la petrolera venezolana. Por un lado, su despacho de abogados en España, Aequitas. Por otro, la referida sociedad panameña. A través de ésta recibía la mayor parte de los pagos, unos 40.000 euros mensuales de media, frente a los en torno a 25.000 que recibía en su bufete en Madrid.
Morodo permaneció oculto en Furnival Barristers durante ocho años hasta que, en 2016, ya con los fondos procedentes del Gobierno venezolano en su poder, decidió asumir formalmente la presidencia en el Registro de Panamá en sustitución de la fiduciaria de los papeles de Panamá. Dejando constancia de esta forma por primera vez desde el punto de vista formal de su vinculación con dicha entidad.
La sociedad panameña utilizó, a su vez, una cuenta en Suiza, abierta en el Credit Suisse de Ginebra, para articular los pagos. La petrolera venezolana autorizó las comisiones a Morodo por medio del ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, que ha sido investigado durante los últimos años por corrupción por las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía americana le atribuye el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La familia Morodo ha intentado justificar sin éxito durante los últimos años sus cobros a cambio de implantar PDVSA en el continente europeo. Alejo Morodo ya admitió que los contactos con la petrolera se los estableció su padre, al que situó como el cerebro de las operaciones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga desde hace varios años estas operaciones tras entregar la documentación sobre las mismas confidentes venezolanos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo mientras la dirigía Eugenio Pino.
