Nuevas regulaciones tecnológicas: más control disfrazado de soberanía

Cuando hace más o menos 15 años, se discutía en las facultades de informática de la isla sobre el papel que jugaría Linux y otras aplicaciones de código abierto en el proceso nacional de informatización, casi nadie tenía una idea clara de qué quería decir todo aquello.

Recuerdo, por ejemplo, que el director de la Oficina para la Informatización de la Sociedad, Roberto del Puerto (creo que ahí sigue, sí, después de tantos años) anunció con bombo y platillos -¡en el 2005!- una estrategia para el cambio paulatino de los sistemas de Windows a Linux, aunque ese mismo año en la Convención Internacional Informática, que se celebró en La Habana, la prensa oficial cifraba el número de usuarios de código abierto en la isla en alrededor de 1500.

Para que tengan una idea de lo que esa cifra significaba, en el 2005 el Instituto Superior Politécnico de "José Antonio Echeverría" de La Habana y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) sumaban unos 6000 estudiantes interesados en las nuevas tecnologías.

Cinco años después, en el 2010, la situación era más o menos la misma: mucho ruido y pocos pingüinos. Algunas empresas cubanas (sobre todo la Aduana y los ministerios de Educación Superior y de Informática) comenzaron a utilizar una variante de Linux como alternativa a Windows, al que rápidamente se catalogó como "instrumento de dominación tecnológica de Estados Unidos". Pero un cable de Reuters de ese año reconocía que "la mayoría de las computadoras de la isla usan copias piratas de Windows".

Infomed, la red de información de la Salud Pública, fue la primera en utilizar Linux. Se anunció también un sistema operativo nacional en código abierto: Nova. Pero según estadísticas oficiales, en el 2010 apenas un 20 por ciento de las terminales de la isla corrían sobre Linux.

El uso de esos sistemas ya se consideraba, sin embargo, "cuestión de seguridad nacional".

Las autoridades de la isla veían en Microsoft un arma de doble filo, porque el gigante informático podía pasar sus códigos a las agencias de seguridad del enemigo. “No tenemos forma de protegernos si no es a través del software libre, que nos permite ser independientes”, declaraba el decano de la Universidad de Ciencias Informáticas, Alain Guerrero.

Aquella independencia salía cara. Recordemos que en el 2010 aún no estaba en funcionamiento el tendido del cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba, y que sólo 600 mil cubanos de una población de 11 millones usaban teléfonos celulares. No tenía demasiado sentido discutir sobre "soberanía tecnológica" porque el porciento de "usuarios soberanos" de esa tecnología en la isla era ridículo.

Ahora que esas cifras han aumentado, y que un porciento bastante mayor de los cubanos hace uso de aplicaciones y redes sociales, el gobierno cubano retoma sus viejas teorías sobre la dominación imperial para intentar regular el uso de la tecnología a una nueva escala y establecer un control más estricto sobre ese uso.

Ahí es donde encajan las nuevas medidas para respaldar el "perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba", anunciadas este jueves.

Algunas de las cosas que pueden leerse en los nuevos decretos y reglamentos mueven a risa. Pero la cosa es más bien para llorar. Casi todas son síntomas de la extrema politización del uso de las TIC por parte de las autoridades cubanas. El Decreto-Ley 370, por ejemplo, empieza por vincular esas tecnologías a la defensa "de los logros alcanzados por nuestro Estado Socialista" y más de una vez insiste en "consolidar el uso y desarrollo de las TIC, como instrumento para la defensa de la Revolución".

La mejor prueba de esta politización de las tecnologías de la información es el reparto ministerial del asunto: "El Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, es el responsable de orientar las tareas y acciones que garanticen la informatización de la sociedad."

Lo que en cualquier país democrático estaría a cargo de una agencia independiente (en EEUU, por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones) en Cuba es tarea de ingenieros del Ejército y agentes secretos.

Por supuesto, como tantas otras normas y regulaciones cubanas, empezando por la Constitución, una cosa es la letra de la ley y otra muy distinta la realidad. La prohibición, por ejemplo, de "hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional" no parece que vaya a cumplirse en un futuro próximo.

Es obvio que Cuba necesitaba desde hace mucho un marco legal que registrara el concepto de industria en el ámbito de las telecomunicaciones. Pero en esas cosas, como en tantas otras de la sociedad cubana, primero hay que cambiar la naturaleza despótica del Estado para acomodar el lugar de casi todo lo demás, incluyendo la tecnología. La base de una verdadera soberanía tecnológica no es otra que la libertad del individuo frente a la sociedad totalitaria.

 

*Este es un artículo de opinión. Los criterios que contiene son responsabilidad exclusiva de su autor, y no representan necesariamente la opinión editorial de ADN CUBA.