Apelan en Camagüey a la “denuncia oportuna” para controlar precios topados

Este martes comienza en Camagüey el proceso de implementación de las medidas que regulan los precios de productos y servicios como el transporte.
 

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Este martes comienza en Camagüey el proceso de implementación de las medidas que regulan los precios de productos y servicios como el transporte, informa hoy el diario oficial del Partido Comunista en esa provincia.

Las medidas buscan prevenir la inflación tras el reciente incremento salarial para los trabajadores estatales. El aumento deberá “traducirse en mejoras para la calidad de vida del pueblo”.

En el territorio ya existe un “grupo de trabajo” para hacer cumplir las regulaciones, según declaró a la prensa Carmen Hernández, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial.

Próximamente las autoridades darán a conocer una lista con los números telefónicos para contactar a “los organismos rectores del trabajo por cuenta propia”.

La estrategia consiste en apelar a “la oportuna denuncia del pueblo ante cualquier violación”.

En los últimos días se han inspeccionado varios vehículos y multada o retirada la licencia a transportistas que han excedido el cobro instituido de pasajes en camiones particulares y coches”, señala el diario.

 

 

También “se han detectado irregularidades en el precio de los parqueos de bicicletas y motos, por lo que también se les exigirá cumplir los límites establecidos”.

El jefe del cuerpo de inspectores de la provincia, Antonio Delgado, hizo un llamado a la población a que “las quejas sean lo más precisas posibles, con datos de las chapas de los vehículos o de vendedores y sitios donde se incumpla lo normado”.

Los cubanos temen que el reciente aumento salarial del gobierno de Miguel Díaz-Canal genere un disparo de los precios y tarifas, debido a la crisis de desabastecimiento que afecta a la economía cubana.

Para evitar la inflación, el Ministerio de Finanzas y Precios aprobó recientemente una lista de precios topados en CUP y CUC para productos de los mercados agropecuarios y las tiendas estatales. Las normativas, que deben ser implementadas por las administraciones locales, tocarán también al sector privado, que no logran desarrollarse en medio de tantas restricciones.

 

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