La organización Prisoners Defenders (PD) informó el 28 de abril que el régimen cubano cambió las condenas de cárcel de seis menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, a prisión domiciliar.
De acuerdo con un tuit de su presidente, Javier Larrondo, la decisión se tomó en respuesta a una denuncia presentada por CPD en la ONU, que podría en evidencia las violaciones a los derechos del niño cometidas por el régimen, signatario de varios mecanismos de protección de Naciones Unidas.
Los afectados por la medida serían Samuel Torres Durán, de 17 años; así como Keyla Roxana Mulet Calderón; Yeral Michel Palacios Román; Ernesto Abelardo Martínez Pérez; y Ayan Idalberto Jover Cardosa, todos de 18 años.
Los cinco fueron condenados por el presunto delito de sedición, que el régimen ha impuesto a muchos de los participantes en las protestas.
A Torres Durán, la Fiscalía de Holguín le había pedido 18 años de prisión; mientras que para el resto la sanción solicitada fue de 15 años, aunque finalmente el tribunal la redujo en todos los casos a cinco años de privación de libertad.
También se sumó a la lista de excarcelados a cambio de prisión domiciliaria el menor procesado con 17 años de edad, Marcos A. Pintueles Marrero. "Con una condena de siete años de prisión pasa a tener medida alternativa aún por conocer. 'Liberado' es un lenguaje tendencioso si se desconoce la medida", agregó PD.
El informe presentado por PD contiene un análisis del procesamiento penal de decenas de menores de entre 13 y 17 años de edad, y reúne 22 casos de prisión política de niños. También enumera los detalles de otros 14 casos.
Según esa investigación, 33 niños y cuatro niñas están presentes en la lista mensual de encarcelados por razones políticas. Uno de ellos, de 13 años; tres de 15 años; diez de 16; y 23 de 17. Unos veinte han recibido penas que promedian siete años de privación de libertad.
El informe recoge también que dos niñas y 14 niños fueron acusados de "sedición".
Esas evidencias contradicen las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel, quien afirmó el 28 de abril que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio se llevaron a cabo de acuerdo con "todas las garantías legales".
Díaz-Canel subrayó que los manifestantes imputados están siendo procesados conforme a la ley y que los juicios se han llevado a cabo “con todas las garantías y bajo total limpieza y transparencia” al intervenir en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)
“Nuestro sistema judicial está enfocado en la reeducación y reinserción en la sociedad de aquellos que cometen delito, porque en él priman el humanismo y el respeto por el ser humano”, afirmó.
La ONG Prisoners Defenders aseguró en su último recuento que a finales de marzo había en las cárceles cubanas 891 personas por las protestas del 11 de julio y que ha registrado medidas contra al menos 26 adolescentes de entre 14 y 17 años.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas.
