La reciente activación por parte del gobierno norteamericano del Título III de la ley Helms-Burton podría afectar a casi una veintena de hoteles españoles que se encuentran presentes en Cuba, informó El Economista.
Casi una veintena de hoteles de cadenas españolas en Cuba se podría ver afectada por la activación del Título III de la ley Helms Burton de Estados Unidos contra la isla caribeña, que permitirá reclamar por las propiedades que fueron expropiadas por el régimen castrista.
Según el Gobierno norteamericano se podrían ver perjudicados al menos seis inmuebles que albergan establecimientos turísticos de Iberostar, otros 11 de Meliá (incluyendo los Paradisus) y los cuatro de H10. Todos estos hoteles están en régimen de gestión o copropiedad.
Desde las empresas quitaron hierro a las posibles consecuencias de la activación de este aumento de las hostilidades de EEUU contra Cuba, ya que en buena parte de estos negocios son meros administradores. De hecho, Meliá lanzó un comunicado señalando que no tiene bienes que pudieran ser objeto de reclamación en Cuba tras abrir las autoridades estadounidenses el camino a posibles confiscaciones de activos de empresas extranjeras en la isla.
"Confirmamos la no propiedad de Meliá de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y afirmamos que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico", señaló la empresa española, que opera desde hace 30 años en Cuba.
Otras empresas, como NH, han descartado que la aplicación total de la ley vaya a afectar a su negocio puesto que, al menos en el caso de esta cadena, sólo operan dos hoteles en la isla en régimen de gestión y aseguran que no tienen grandes inversiones realizadas. En este punto, señalan que las reclamaciones irían contra los propietarios de los edificios.
Sin embargo, la ley Helms Burtun, que fue aprobada por EEUU en 1996, abre la puerta a que tanto propietarios de los inmuebles como las empresas que explotan los mismos puedan recibir una demanda. Según destaca el abogado José Antonio de Alarcón, de Hosteltur, la decisión de la administración de Donald Trump "deja la puerta abierta a que cualquier persona física o jurídica que crea que un activo suyo - un inmueble o algún derecho que tuviera de alguna sociedad que tuviera propiedades, o una empresa, una fábrica, un hotel,... Cualquiera que antes del año 1959 - tuviera algo que el régimen castrista hubiera confiscado, tiene ahora derecho a presentar una reclamación de daños y perjuicios contra quien actualmente lo explote, puesto que allí todo es de propiedad estatal en su mayor parte".
Las compañías hoteleras son las empresas españolas con más presencia en Cuba. Se estima que hay un total de 270 presentes en la isla caribeña. En concreto, de entre las mayores firmas turísticas, Meliá gestiona 39 establecimientos y recientemente ha firmado un acuerdo con el Gobierno cubano para renovar las licencias hasta 2042 con una inversión prevista de 350 millones. Por su parte; Iberostar cuenta con 14 hoteles, mientras que H10 tiene 4; Barceló gestiona tres mediante un acuerdo con Gran Caribe; y Globalia y NH, dos cada una. Cuando EEUU puso en marcha la ley se estimó que podrían recibirse 200.000 demandas en los juzgados estadounidenses por parte de ciudadanos que ahora viven en Norteamérica.
El gobierno de Trump llevaba semanas amenazando con la posibilidad de activar esta normativa, que tiene entre otros fines el castigo al régimen venezolano de Nicolás Maduro, muy dependiente de Cuba. Hay que tener en cuenta que muchas de las propiedades que fueron confiscadas son ahora de titularidad estatal.
La decisión de activar la normativa el próximo día 2 de mayo no ha sentado nada bien a la Unión Europea, por los intereses que las empresas del viejo continente tienen en la isla caribeña.