Ayer, en Nicaragua, fueron arrestados el presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente. La dictadura Ortega-Murillo detuvo a Healy por cargos de “traición a la patria y lavado de dinero”.
Healy es el presidente del gremio empresarial más importante del país y su detención signa la ruptura definitiva del COSEP con el régimen. Anteriormente, Healy mantenía el diálogo y la búsqueda de consensos con Ortega.
El entendimiento entre el COSEP y el régimen mostró fisuras desde 2018, tras la brutal represión que marcó las protestas de ese año. Fisuras que se acentuaron desde entonces y que este 2021 se hicieron definitivas tras la oleada de represión que vive el país.
“Ortega se ha convertido en un sultanato”, dijo el analista Elíseo Núñez, apuntado al fraude electoral del 7 de noviembre que “será un monólogo electoral” dónde ortega se asignará los votos que quiera obtener y ganará la elección con el resultado que desee alcanzar, comentó.
Ortega habla de elecciones y de diálogo posterior a la jornada electoral, pero no hay elecciones y tampoco quiere dialogar, observó Núñez desde Managua en conversación con Juan Carlos Iragorri del Washington Post.
Este viernes, en Washington, los congresistas María Elvira Salazar (R-FL), Carlos Giménez (R-FL) y Mario Díaz-Balart le enviaron una carta a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, rechazando su inacción en la Cámara de Representantes frente al proyecto bipartidista de la ley RENACER.
Salazar dijo que Pelosi abandonó al pueblo nicaragüense. La carta enviada destaca que, en víspera de las elecciones fraudulentas a celebrarse en Nicaragua, el Congreso estadounidense debería solidarizarse y unirse para “condenar el asalto a la democracia instigado por el régimen orteguista”.
Los congresistas Salazar, Díaz-Balart y Giménez insistieron: “Tenemos que juntarnos y solidarizarnos para promover la democracia en América Latina y responsabilizar a los dictadores por sus crímenes. Esto tiene consecuencias serias y directas para los Estados Unidos”, afirmaron.
“Los estadounidenses de origen nicaragüense en todo Estados Unidos están pidiendo acción a gritos”, indica la carta al precisar que este no es un tema menor y enfatiza “la frustración de la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos frente al aplazamiento de la aprobación de la ley RENACER en la Cámara baja”.
La propuesta de ley fue aprobada por unanimidad en el Senado hace meses, pero su aprobación en la Cámara de Representantes, ha sido obstruida por el liderazgo demócrata, dice la carta.
“Mientras tanto, Daniel Ortega ha continuado reprimiendo al pueblo, censurando la prensa independiente, persiguiendo a opositores y deteniendo a todos quienes se atreven a presentarse como candidatos en las próximas elecciones presidenciales”, se extrae de la comunicación.
Mientras que la Cámara de Representantes se estanca en aprobar la ley, Daniel Ortega continua “su reinado de terror, censurando a los medios independientes, reprimiendo la disidencia y encarcelando a cualquiera que se atreva a participar en las próximas elecciones presidenciales”, indica el texto.
La falta de acción en la Cámara de Representantes desaprovecha una oportunidad crucial para responsabilizar a Ortega por sus crímenes, sostienen los representantes republicanos.
“A partir de hoy faltan 16 días hasta las fraudulentas elecciones presidenciales en Nicaragua”, dicen Salazar, Giménez y Díaz-Balart, quienes pidieron a Pelosi impulsar la sesión para aprobar la ley en cuestión, antes del 25 de octubre, y para que posteriormente sea ratificada con la firma del presidente Biden.
En lo que respecta a la ley, la normativa busca reforzar las disposiciones previas en materia del cumplimiento de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción en Nicaragua, además considera la imposición de sanciones estratégicas contra el régimen Ortega en coordinación con Canadá y la Unión Europea para ejercer presión a diferentes niveles.
Congelar los préstamos que conceden las instituciones financieras internacionales, así como la expansión de mecanismos de superintendencia de préstamos sobre esas mismas instituciones, son medidas que estarían dirigidas a presionar al régimen para que opte por restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país y convoque la celebración de elecciones libres, creíbles y competitivas.
A la fecha, se contabilizan 150 presos políticos, siete candidatos presidenciales encarcelados y, con las detenciones de ayer, 39 detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen Ortega-Murillo en los últimos meses.
