El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden condenó este 30 de marzo los constantes atropellos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición y la población venezolana.
El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares —como los colectivos chavistas— para llevar adelante el esquema represivo y de persecución.
“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló la entidad en un reporte especial publicado este martes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2020.
Entre los problemas más significativos destacan “ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad”, así como la presencia de cientos de presos políticos y los “graves problemas con la independencia del poder judicial”.
Frente a esa extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista “no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron” esos abusos.
El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020.
Pese a la condena internacional y la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, “el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país”.
Entre los cuerpos de seguridad del régimen involucrados en los crímenes de lesa humanidad también se destacan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Complicidad de las autoridades y torturas
Los investigadores de la ONU concluyeron que “algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos”.
El informe de la Misión Internacional Independiente también indicó que “hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la comisión de los crímenes y abusos contra los derechos humanos documentados en el informe”.
De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, las autoridades chavistas “sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas”.
“Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos”.
La ONG PROVEA identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas.
La justicia, siempre al servicio de la dictadura
Pese a las denuncias de estos casos de abusos, desapariciones, crímenes y torturas, la justicia venezolana también es afín a la dictadura chavista, por lo que los procedimientos judiciales carecen de transparencia y de apego a la Constitución.
El gobierno norteamericano, por su parte, volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad del régimen.
En el reporte de este lunes el Departamento de Estado norteamericano también fustigó las “graves restricciones a la libertad de expresión, a la prensa y a Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados, o cerrándolos”.
Al respecto, Estados Unidos sostiene que la dictadura de Maduro “criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticas como difamación y calumnia, incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección del COVID-19″.
Estas conclusiones del Departamento de Estado tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
