El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cerró este viernes las puertas a las negociaciones que mantenía con la oposición para superar la crisis que vive el país desde hace más de un año, descartó adelantar los comicios previstos para 2021, y cargó contra EEUU por sancionar a funcionarios de su Gobierno.
Ortega, quien encabezó un acto en conmemoración de los 40 años de la revolución que derrocó la dictadura de los Somoza en Nicaragua, dijo en su discurso que mantendrá un diálogo con campesinos, artesanos, pequeños productores, obreros y "con aquellos que están dispuestos a trabajar por la paz y el desarrollo económico".
"Ese es el único diálogo que tiene cabida y sentido en las actuales circunstancias que vive Nicaragua", sostuvo.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis que estalló en abril de 2018 y suspendida desde mayo pasado, propuso reiniciar el próximo 31 de julio las conversaciones, conforme lo dispuesto por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Asamblea General de la OEA resolvió, en junio pasado, que el Gobierno y la oposición reiniciaran unas negociaciones "de buena fe" para encontrar una salida a la crisis que ha dejado cientos de muertos en 15 meses, y dio un plazo de 75 días para analizar la situación de Nicaragua.
Asimismo, Ortega descartó adelantar las elecciones nacionales, como exige la oposición, a los que instó a prepararse para noviembre de 2021.
"Si adelantamos las elecciones, ¿qué quieren? ¿qué los barramos y después salgan diciendo que les robamos?", preguntó el mandatario, ante decenas de miles de sus simpatizantes que se congregaron en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, una explanada ubicada a orillas del lago de Managua.
Dijo que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se encuentra "preparado para ganar esas elecciones" y adelantó que promoverán reformas a la Ley Electoral "para que aquí nadie se venga a quejarse después de que le robamos".
Por otro lado, el gobernante cargó contra Estados Unidos por sancionar a funcionarios de su Gobierno vinculados a la crisis.
El 20 de diciembre pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la "Nica Act", que impone sanciones individuales a miembros del gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; así como a su consuegro y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial, entre otros.
"Se tienen que desaparecer las sanciones del tipo económico", clamó Ortega, que calificó como "agresión" y un "arma de chantaje" ese tipo de sanciones.
Consideró, además, que aplicar ese tipo de sanciones viola el derecho internacional y que ningún Estado tiene la facultad de sancionar a otro Estado.
En ese sentido, criticó a la oposición local porque, a su juicio, son los que piden las sanciones contra sus funcionarios.
Durante el acto, el sacerdote nicaragüense Antonio Castro, afín al Gobierno, pidió al pastor estadounidense Ralph Drollinger hacer gestiones en Washington para que cesen la Ley Magnitsky Nica y la Nica Act, que impone sanciones individuales y al Estado nicaragüense.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.
