Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y tortura son solo algunos de los delitos descritos en el exhaustivo informe de 443 páginas, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas.
La comitiva investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos. Adicionalmente examinaron otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y delitos.
La misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
El informe detalla que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. Nicolás Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente, tenían conocimiento de los crímenes. Coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas de dichos delitos en Venezuela.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", sentenció.
- Ejecuciones extrajudiciales
La misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales en el país suramericano.
También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios, admitieron.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Las Naciones Unidas investigaron 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.
Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.
Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.
Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.
También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.
La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.
