El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tensó aún más la relación que tiene con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al tratar de forzar a la Sala de lo Constitucional a ampliar la cuarentena por la COVID-19 mediante un fallo.
Esa fricción se da cuando el país está al filo de un limbo legal de cara a la última etapa del confinamiento, cuyo decreto que le dio vida termina a las 12 de medianoche del viernes, mientras el Ejecutivo presiona para que se amplíe.
Bukele recrudeció así las tensiones que tiene con los otros órganos de Estado, dado que desde el martes no logra consensuar con la Asamblea Legislativa una nueva legislación antes de que el país se quede sin una norma para respaldar los últimos días de la cuarentena.
El referido vacío legal se daría a partir de la madrugada del sábado cuando pierde legitimidad el decreto ejecutivo 29, con el que Bukele mantiene la cuarentena domiciliar "absoluta".
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Esta norma fue declarada inconstitucional por el Supremo por suspender garantías constitucionales sin que el Gobierno tenga esa facultad y en su fallo aplazó su suspensión por cuatro días.
Bukele tomó esta declaración judicial como una "orden" para que "asesinemos a decenas de miles de salvadoreños", en referencia a que si no hay decreto para ampliar la cuarentena, las personas van salir en masa y podrían infectarse.
La noche de este miércoles el mandatario condicionó la firma y entrada en vigencia de una ley aprobada por los diputados, que suspende los plazos judiciales y administrativos durante 10 días, a la ampliación de la vida del decreto 29 por medio de un fallo judicial.
Para el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, "el mecanismo que ha intentado utilizar el presidente en este caso" es el del "chantaje".
En sus publicaciones en las redes sociales, el jefe de Estado salvadoreño dijo que los magistrados "tienen tres días para renovar ese plazo", el del decreto declarado inconstitucional.
Escobar explicó que, si Bukele no firma y publica en el Diario Oficial el decreto legislativo de suspensión de plazos, implica que estos se reactivaran en instancias judiciales y administrativos.
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Añadió que esto significa que los ciudadanos y funcionarios que participan de estos procesos tendrían que salir de la cuarentena por la COVID-19, lo que podría ocasionar "agravios".
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó como "brutal" el trato que tiene Bukele con los órganos Legislativo y Judicial.
Agregó que Bukele muestra una "conducta contraria a los derechos fundamentales a las libertades públicas, una conducta despótica" y su Gobierno está a "poca distancia de convertirse en una dictadura".
Según el presidente salvadoreño, el Congreso y Corte Suprema le han quitado herramientas para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ha dejado al menos 3.373 contagios y 64 fallecidos.
Desde el pasado martes, los representantes del Gobierno y diputados de una comisión del Congreso no se han reunido para tratar el tema de una nueva legislación, pese a que se los ordenó el Supremo.
(Con información de Efe)