Singapur es un país que se destaca por su extrema rigidez en sus castigos, es uno de los pocos estados que impone la pena capital de horca por asesinato y contrabando de armas, sin embargo, las ejecuciones con más frecuencia se da en los casos de tráfico de drogas, determinado en 15 gramos de heroína el mínimo para aplicar la pena capital, y en 500 gramos si se trata de marihuana.
Esta vez se trata de Punithan Genasan, un ciudadano malasio de 37 años, quien fue llamado a un tribunal por medio de una videoconferencia a causa de la pandemia del covid-19, el pasado 15 de mayo, fue señalado de ser presuntamente cómplice en el tráfico de 28,5 gramos de heroína, quien se encargaba de ser el mediador entre dos narcotraficantes en 2011.
Según su abogado, aseguró que plantean apelar la decisión del juez, ya que Genasan niega cualquier conexión con los traficantes Shanmugam y Suief, quienes fueron condenados en 2015 a cadena perpetua y 15 latigazos, y pena de muerte, respectivamente.
Debido a los crecientes casos de coronavirus (cerca de los 30.000) el gobierno isleño ha optado por aplazar la mayoría de las audiencias judiciales, por lo menos hasta el primero de junio. Sin embargo, en el caso de Genasan, se debía agilizar la audiencia por la seguridad de todos los implicados.
Es la primera vez que una condena de muerte se comunica por esta vía en Singapur, sin embargo, no es el único país en hacerlo; a comienzos de mayo, un hombre fue condenado a muerte en Nigeria a través de Zoom por asesinar a la madre de su jefe, según la BBC.
La noticia ha recibido críticas por parte de numerosas organizaciones. Señalan esta acción como “inherentemente cruel e inhumano, el uso de tecnología remota para sentenciar a un hombre”, y recalcó que Singapur continúa desafiando la ley internacional, imponiendo la pena de muerte por narcotráfico como castigo.
“Esto debe terminar ya. Singapur es solo uno de los cuatro países que todavía ejecutan a personas por ofensas relacionadas con drogas (…) En un momento en el que la atención global se centra en salvar y proteger vidas en plena pandemia, la aplicación de la pena de muerte es aún más abominable”, afirmó Chiara Sangiorgio, de Amnistía Internacional (AI).
Por otro lado, en la isla dejó de ser obligatoria la pena de muerte desde el 2013, en casos en el que el acusado sea un ‘camello’ y decida cooperar con la Justicia, o que padezca una discapacidad mental; sin embargo, la decisión seguirá siendo determinada por la Fiscalía.
