Nicaragua cierra negociación sin consenso en temas de justicia y democracia

Los delegados del Gobierno que preside Daniel Ortega pidieron tiempo para reflexionar sobre democracia y reformas electorales.
Nicaragua cierra negociación sin consenso en temas de justicia y democracia
 

Reproduce este artículo

El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria concluyeron este miércoles la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin consenso en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.


Durante la última ronda de trabajo, las partes discutieron las propuestas sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y el de fortalecer la democracia y reformas electorales, y no alcanzaron consenso por "notables diferencias", dijo en rueda de prensa el jefe negociador de la oposición, Carlos Tünnermann.


Los delegados del gobierno que preside Daniel Ortega pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los presos políticos.


"La mesa de negociación considera necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas", en referencia a justicia y democratización, indicó la delegación negociadora del Gobierno en una declaración.


Tünnermann, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, informó que solicitaron a los testigos y acompañantes del proceso que faciliten a través de sus gestiones la continuación de la negociación "en condiciones que renueven la credibilidad de las mismas" para retomar las discusiones sobre los temas de justicia y democratización.


El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigo y acompañante del proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente, no ofrecieron declaraciones.


La Alianza Cívica espera que se retomen las conversaciones con garantes internacionales y que se discuta a profundidad el tema de justicia y el adelanto de elecciones, según dijo su representante.


Las partes aclararon, por separado, que la mesa de negociación sigue viva y ahora continuarán trabajando en la elaboración de los protocolos que sean requeridos para el cumplimiento del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, y el protocolo de garantías de seguridad de las personas que serán liberadas antes del 20 de junio próximo.


Además, este jueves se reunirán con una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para recibir un informe sobre el avance de su trabajo en las funciones que se le encargaron, de conformidad con el acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad, para lo cual se acordó un plazo no mayor de 90 días.


Previo a que culminara el proceso de negociación, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que hay "factores externos" que no quieren que se restablezca la paz y la estabilidad en este país.


Durante un acto oficial en el que recibió las credenciales de 13 nuevos embajadores, en su mayoría europeos, Ortega contó que los nicaragüenses están buscando la paz en una mesa de negociación, en donde, según dijo, "se está logrando avanzar y alcanzar acuerdos, pero están siempre las fuerzas que no quieren paz y no quieren estabilidad para Nicaragua".


Calificó a esos sectores como "fuerzas extremistas que interrumpen amenazando el bienestar, la estabilidad de países, como Nicaragua" y se posicionan con "discursos terroristas, fascistas", aunque no mencionó a ningún país. También reconoció que una negociación es compleja y que los plazos de esta, que comenzaron el 27 de febrero pasado, "son un verdadero desafío".


Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

 

Relacionados