El Gobierno de Nicaragua insistió este viernes ante la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones hacia los familiares del presidente Daniel Ortega y sus allegados.
En una nota de prensa, el Gobierno pidió a la Alianza, su contraparte en las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, "hacer un llamado conjunto al cese y suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones, que afectan los derechos humanos, económicos y sociales de todos".
El llamado del Gobierno se da luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones económicas contra Laureano Ortega Murillo, hijo de Ortega y de la vicepresidente Rosario Murillo.
Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, también se extienden al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano.
Estados Unidos ya había sancionado a la vicepresidenta Murillo y a otros allegados a Ortega, incluyendo al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
El Gobierno, que ha afirmado que las sanciones causan "daño a los más pobres", reclamó a la Alianza Cívica "sintonía e identificación con la buena voluntad y los buenos sentimientos del pueblo humilde, y de las familias nicaragüenses".
El Parlamento Europeo ya ha advertido a Ortega de posibles sanciones contra su Gobierno si no se garantiza el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
La petición del Gobierno nicaragüense se basa en los acuerdos firmados con la Alianza opositora, que se comprometió a solicitar a la comunidad internacional la suspensión de las sanciones, siempre que se llegue a acuerdos en los cuatro grandes temas de las negociaciones.
Los temas consisten en la liberación de los "presos políticos", el respeto del Gobierno a la Constitución en lo referido a la libertad de expresión y de prensa, justicia para las víctimas de la crisis y retorno de la democracia.
La Alianza Cívica sostiene que hasta ahora el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de liberar a los "presos políticos" y respetar la Constitución, e impone obstáculos para evitar discutir sobre la justicia y la democracia.
Nicaragua vive una crisis desde abril de 2018, que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales cuentan hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.
